En el marco de un acuerdo pleno, la fiscalía consiguió que un hombre identificado con las iniciales D.M.M. fuera condenado a un año de prisión de cumplimiento efectivo, tras ser hallado responsable de diversos hechos de amenazas y desobediencia a órdenes judiciales en un contexto de violencia de género ocurrido en la localidad de Villa La Angostura.
La audiencia se desarrolló con la intervención del fiscal del caso, Adrián De Lillo, acompañado por el funcionario de la fiscalía Gustavo Vázquez. Finalmente, el juez de garantías Ignacio Pombo homologó el acuerdo alcanzado entre las partes. Además de la pena impuesta, se resolvió la inscripción del condenado en el Registro Provincial de Violencia Familiar y de Género (Ley 3233).
De acuerdo con la investigación, entre febrero y diciembre de 2024, el acusado amenazó en al menos tres oportunidades a su entonces pareja, en presencia de las hijas que ambos tienen en común. En dichas circunstancias utilizó armas blancas, profirió expresiones intimidantes y ejecutó gestos amenazantes, conductas con las que además violó medidas cautelares dictadas por el Juzgado de Familia de Villa La Angostura.
La fiscalía encuadró los hechos de la siguiente manera:
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Primer hecho (febrero 2024): amenazas agravadas en concurso ideal con desobediencia a una orden judicial (arts. 54, 149 bis primer párrafo, segundo supuesto, y 239 del Código Penal).
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Segundo hecho (agosto 2024): amenazas agravadas (art. 149 bis primer párrafo, segundo supuesto, del Código Penal).
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Tercer hecho (diciembre 2024): amenazas simples en concurso ideal con desobediencia a una orden judicial (arts. 54, 149 bis primer párrafo y 239 del Código Penal).
Todos los episodios fueron atribuidos en calidad de autor penalmente responsable (arts. 45 y 55 del Código Penal), considerándose que concurren materialmente entre sí.
Antecedentes y contexto
Al momento de exponer el caso, el fiscal De Lillo subrayó que se trataba de una situación de violencia de larga data, abordada previamente por diferentes organismos: el fuero de familia, la Defensoría de Niñez y Adolescencia, así como distintas áreas municipales que habían intervenido en su seguimiento.
“Cuando la fiscalía interviene, lo hace sobre aproximadamente diez hechos de desobediencia. Pudimos abordar tres de esos hechos para llegar a esta instancia”, explicó el fiscal durante la audiencia.
Cabe señalar que el imputado ya contaba con antecedentes penales: en el año 2020 había recibido una condena condicional de seis meses de prisión por lesiones leves calificadas, cometidas contra una persona con la que mantenía una relación de pareja, también en un contexto de violencia de género, en concurso con el delito de desobediencia judicial.
Tras escuchar los argumentos de la fiscalía, el reconocimiento del imputado y el acuerdo alcanzado entre las partes, el juez de garantías Ignacio Pombo decidió homologar la condena, dejando firme la pena de un año de prisión efectiva, junto con la inscripción del acusado en el registro provincial correspondiente.
