Expusieron este lunes ante los jueces del Tribunal de Impugnación los fundamentos contra el fallo que le impuso 4 años y 6 meses de prisión a Ramiro Fernández condenado por cometer 39 estafas. Los querellantes habían pedido 12 años de cárcel. La defensa pidió que se le reduzca la condena.
El Tribunal de Impugnación, integrado por los jueces Nazareno Eulogio, Mauricio Macagno y la jueza Patricia Lupica Cristo, escuchó esta mañana de lunes los argumentos que plantearon los querellantes particulares que cuestionaron la sentencia de cesura del tribunal de juicio, que condenó a 4 años y 6 meses de prisión al asesor inmobiliario Ramiro Fernández como autor de 36 estafas y 3 hechos de desbaratamiento de derechos acordados.
Los abogados Guillermo Hensel y Lorena Miani explicaron los fundamentos que presentaron contra la sentencia que impuso la pena a Fernández porque la consideran arbitraria y carente de fundamentación.
También, el abogado Martín Rodríguez, que defiende al imputado, expuso sus argumentos contra el monto de la pena que le aplicaron a Fernández.
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Pidió que se revise el monto y se anule la condena de 4 años y 6 meses de prisión efectiva y se la sustituya por una de 3 años ejecución condicional con reglas de conducta trabajo comunitario y supervisión del patronato liberados.
La fiscalía no pudo impugnar la sentencia porque no se lo permite el Código Procesal Penal de Neuquén cuando es inferior a la mitad de la pena requerida por el fiscal. En este caso, el fiscal de Villa La Angostura Adrián De Lillo pidió 7 años y 6 meses de prisión para Fernández, que fue condenado a 4 años y 6 meses.
Los jueces se tomarán el plazo legal de 20 días para dictar la sentencia, porque se trata de un caso complejo, comento Miani tras la audiencia.
Antecedentes del caso
El 12 de marzo pasado, el juez Ignacio Pombo admitió el acuerdo parcial celebrado entre la fiscalía y la defensa de Fernández, con el consentimiento de las querellas.
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Como parte de ese acuerdo, Fernández se declaró culpable de haber cometido 36 estafas y 3 hechos de desbaratamiento de derechos acordados. Las víctimas fueron vecinos de Villa La Angostura y hasta amigos del acusado.
La segunda etapa del juicio (cesura) se desarrolló entre el 22 y 24 de julio último, en Villa La Angostura, con el tribunal integrado por los jueces Federico Sommer, Maximiliano Bagnat y la jueza Alina Macedo Font.
Las querellas pidieron 12 años de prisión para Fernández y la fiscalía 7 años y 6 meses. En cambio, la defensa particular alegó por una pena mínima de ejecución condicional. Sommer, Bagnat y Macedo Font lo condenaron a 4 años y 6 meses de prisión a Fernández.
Los cuestionamientos de las querellas
Hensel en su impugnación sostuvo que la sentencia atacada es equivocada y contraria a derecho en cuanto entiende no aplicable adecuadamente la circunstancia agravante del artículo 41 del Código Penal referida a la extensión del daño causado, agravado también por las variadas conductas ilícitas desarrolladas por el condenado que el Tribunal no consideró para aumentar la pena desde el mínimo.
Advirtió que el tribunal de juicio “sí consideró” esos agravantes para la inhabilitación, que le impuso a Fernández, de 9 años para administrar bienes ajenos y realizar cualquier operación inmobiliaria.
Criticó que el tribunal desestimara agravantes planteados por la fiscalía y las querellas, como la cantidad de víctimas, la reiteración temporal de la conducta, el móvil de lucro desmedido y la ausencia de reparación alguna del daño.
Enfatizó que el quantum de la pena fijada “no refleja la gravedad objetiva y subjetiva de los delitos cometidos. La decisión impugnada omite ponderar debidamente lo dispuesto por los artículos 40 y 41 del Código Penal, resultando así una respuesta punitiva irrazonablemente baja frente a la reiteración delictiva”. Por eso, pidio al TI que anule esa sentencia que dictaron Sommer, Bagnat y Macedo Font.
Una sentencia arbitraria
Miani sostuvo que la sentencia de pena atacada es arbitraria e injusta “causando en un gravamen irreparable a las víctimas” y calificó como un error de Sommer, Bagnat y Macedo Font, haber tomado como punto de partida de la escala penal, la pena mínima de un mes y hasta un máximo de 6 años de prisión.
Miani advirtió que Fernández fue condenado por 39 hecho de estafa en concurso real y recordó que el sistema de punición en “el concurso real conforme el artículo 55 del Código Penal establece que cuando concurrieren varios hechos independientes reprimidos con una misma especie de pena la que deba ser aplicable al reo tendrá como mínimo el mínimo mayor y como máximo la suma aritmética de las penas máximas correspondientes a los diversos hechos aclarando dicha suma jamás podrá exceder de 50 años de reclusión o prisión”.
Sostuvo que, al momento de mensurar la pena, el tribunal “desatendió la acumulación exigida para casos como el de autos en lo que los hechos se encuentran en concurso real”. “Por lo tanto una sentencia para ser justa debe estar debidamente fundamentada en función de las pautas que el Código Penal impone valorar a tales efectos”, aseguró Miani. Por eso, solicitó que sea revocada.
