Una investigación judicial de alcance nacional dejó al descubierto una sofisticada red criminal dedicada al contrabando de metales ferrosos y al lavado multimillonario de activos mediante operaciones con criptomonedas y dinero en efectivo. Entre los detenidos figuran un empresario y DJ de San Martín de los Andes, cuya aprehensión generó conmoción en la comunidad local.
El caso, que involucra a empresarios, funcionarios públicos y agentes de seguridad, es instruido por la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°2 de San Isidro, a cargo de Fernando Domínguez, con la secretaría de Fernando Vallone. La causa surge de un desprendimiento de la denominada “Operación Comando Crypto”, iniciada en 2023 para investigar una red de lavado de dinero con vínculos con el Primer Comando Capital (PCC), la organización criminal más poderosa de Brasil.
Una estructura delictiva transnacional
De acuerdo con la investigación, el grupo adquiría metales como bronce y cobre a través del mercado negro, provenientes en muchos casos de robos de infraestructura urbana —cables, picaportes, manijas, porteros, tapas de bronce y hasta piezas sustraídas de cementerios—.
Los materiales eran luego trasladados en camiones hacia el norte del país, donde, según la Fiscalía, sobornaban a agentes de control fronterizo para facilitar el paso hacia Paraguay y Bolivia. Desde allí, los cargamentos seguían rumbo a Perú, con destino final en Europa, Estados Unidos y China, donde los metales eran revendidos en el mercado formal a precios internacionales.
Una fuente cercana al expediente precisó: “Contrabandeaban cantidades industriales de insumos críticos. Luego recibían millones de dólares y criptos que inyectaban en el mercado negro. Básicamente, saqueaban al país con la complicidad de funcionarios y agentes de seguridad”.
El Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina llevó adelante allanamientos simultáneos en 12 localidades del país, con la detención de nueve personas (siete hombres y dos mujeres). Entre ellas, una ciudadana china acusada de violaciones al Régimen Penal Cambiario y lavado de activos.
Los procedimientos permitieron el secuestro de una impresionante cantidad de bienes y dinero en efectivo: 4,4 millones de dólares, 473 millones de pesos argentinos, 124 mil euros y 76 mil reales, 44 mil USDT (dólares digitales), 19 teléfonos celulares, 14 computadoras y 27 pendrives, un camión, siete camionetas, ocho autos, tres motos y dos armas de fuego, una billetera física de Bitcoin y documentación contable vinculada a las operaciones ilícitas.
En uno de los allanamientos, los agentes descubrieron 4 millones de dólares ocultos en una propiedad y el principal sospechoso intentó sobornar al personal policial para evitar su detención.
San Martín de los Andes: el eslabón patagónico
Uno de los operativos más resonantes tuvo lugar en una vivienda del exclusivo barrio Chapelco Golf de San Martín de los Andes, donde residía uno de los empresarios implicados, conocido también por su actividad como DJ en eventos de música electrónica.
El detenido habría utilizado su participación en festivales y producciones en Argentina, Chile y Brasil como pantalla para mover dinero y bienes vinculados al lavado. En el mismo procedimiento fue arrestada su pareja, también sospechada de integrar la organización.
Vecinos del sector describieron un fuerte despliegue policial con presencia de agentes de la PFA, Gendarmería y personal judicial. Los allanamientos incluyeron el secuestro de equipos de sonido profesional, computadoras, criptowallets y documentación comercial.
Según la investigación, uno de los principales imputados realizó más de 425 operaciones con criptoactivos entre 2021 y 2025, por un total superior a 21 millones de USDT (tether), equivalentes a más de 21 millones de dólares. Estas transacciones eran presuntamente utilizadas para blanquear los ingresos del contrabando mediante billeteras virtuales vinculadas a cuentas en el extranjero.
Las autoridades judiciales no descartan que el circuito financiero ilegal haya tenido vínculos con empresas radicadas en Uruguay, Paraguay y Brasil, así como con intermediarios del mercado asiático.
El fiscal Domínguez ordenó profundizar las pericias informáticas y los análisis de transferencias en criptomonedas, mientras que el Ministerio de Seguridad de la Nación calificó el operativo como “uno de los más importantes de los últimos años contra el contrabando de metales y el lavado digital”.
