En una audiencia realizada ayer por la mañana en los tribunales penales de Villa La Angostura, la Justicia resolvió dictar el sobreseimiento total y definitivo de Juan José Pave Aros, el operario que conducía la topadora utilizada para recuperar la posesión de una vivienda ubicada en calle Quetrihue al 700. El caso había tomado fuerte trascendencia pública en julio del año pasado, cuando la familia Olivero logró ingresar nuevamente a su hogar luego de derribar un portón y una alambrada instalados en un camino de servidumbre.
Un caso que llegó a los tribunales tras un conflicto vecinal
La audiencia, que comenzó minutos después de las 9 horas, estuvo dirigida por el juez Maximiliano Bagnat. Participaron el imputado Pave Aros junto a su abogado defensor, Cristian Hugo Pettorosso; y en representación de la querella, el ex subsecretario municipal de Deportes Héctor Hugo Pino, acompañado por la abogada Lorena Miani.
El encuentro judicial tenía por objetivo controlar las pruebas y acusaciones que ambas partes pretendían presentar en un eventual juicio oral, en relación al hecho ocurrido el 2 de julio de 2023. Aquella mañana, Pave Aros condujo maquinaria pesada para derribar un portón metálico y una alambrada que —según denunciaron los Olivero— bloqueaban el único camino de acceso a su vivienda, impidiendo la entrada y salida de la familia.
El fiscal Adrián De Lillo había formulado cargos en marzo de este año contra el operario por los delitos de daños y turbación de la posesión. Sin embargo, meses después reconsideró su postura. El 14 de julio, al concluir la etapa de investigación, el Ministerio Público Fiscal solicitó el sobreseimiento del acusado.
De Lillo argumentó que, conforme a los criterios de política criminal, la Fiscalía debe concentrar sus recursos en hechos que afecten “gravemente el interés público”, algo que —según sostuvo— no se verificaba en este caso. No obstante, dejó abierta la posibilidad de que Pino continuara impulsando la causa como querellante particular.
La versión de la defensa: acceso a una vivienda bloqueado clandestinamente
El caso ganó relevancia pública cuando se difundieron imágenes del operativo con la topadora, que permitieron a la familia Olivero recuperar la posesión de la vivienda.
El abogado Pettorosso sostuvo que el accionar del operario respondió a un pedido legítimo: liberar el camino de servidumbre que había sido obstruido de manera clandestina por Pino, quien colocó un portón y cercos que impedían el tránsito hacia la casa.
- Noticia vinculada: “Video: Con una topadora lograron recuperar una casa que estaba usurpada”
Durante la audiencia de este lunes, el propio querellante admitió que el portón y la alambrada habían sido instalados por él y que el terreno en cuestión —de casi media hectárea— tenía desde años atrás una vivienda habitada sobre un lote de aproximadamente 1.500 m².
Pino pedía tres años de prisión y una indemnización
En la discusión previa a la resolución judicial, la querella solicitó una pena de tres años de prisión para Pave Aros, además de una compensación económica por los daños que decía haber sufrido. Sin embargo, no presentó una estimación concreta del monto reclamado.
La defensa rechazó enérgicamente este planteo y cuestionó que Pino buscara, según sus palabras, “convertir insólitamente el proceso penal en un mecanismo para obtener un resarcimiento económico, sin haber iniciado jamás una demanda civil”.
Tras escuchar a ambas partes y moderar momentos de tensión en la sala, el juez Bagnat resolvió el sobreseimiento total y definitivo del imputado. De esta forma, Pave Aros quedó liberado de toda responsabilidad penal por el uso de la topadora para derribar los obstáculos colocados en el camino de acceso.
Repercusiones tras la audiencia
A la salida de tribunales, el abogado Pettorosso —acompañado por un Pave Aros visiblemente satisfecho— celebró la decisión y afirmó que la querella había intentado “utilizar de forma torpe o maliciosa los engranajes de la jurisdicción penal” para sostener un reclamo económico improcedente.
Incluso señaló que, durante la audiencia, se escuchó al propio Pino reconocer que había turbado la posesión de la familia Olivero al instalar el portón y el alambrado, lo que —según Pettorosso— refuerza la legitimidad del accionar del operario al liberar el acceso.
