Asi lo ordenó este lunes el juez Ignacio Pombo que admitió los pedidos de la fiscalía y de las querellas que argumentaron que la sentencia condenatoria fue confirmada por el Tribunal de Impugnación de la provincia. La defensa había pedido que cumpla arresto domiciliario. Será trasladado a una comisaría de San Martín de los Andes.
El juez Ignacio Pombo admitió este lunes el pedido de la fiscalía de Villa La Angostura, con la adhesión de las querellas particulares, y ordenó la detención del asesor inmobiliario Ramiro Fernández, para que comience a cumplir la pena que le impusieron de cuatro años y seis meses de prisión por las 39 estafas cometidas, en su mayoría, contra vecinos de esta localidad.
Pombo escuchó los argumentos de la fiscalía y de las querellas en una audiencia, que se hizo este lunes. Los acusadores público y privados destacaron que la sentencia condenatoria que el tribunal de juicio le impuso a Fernández fue confirmada por el Tribunal de Impugnación de la provincia.
En consecuencia, destacaron que tiene el doble conforme y corresponde que el acusado sea detenido para comenzar a cumplir la pena.
La defensa planteó ante el juez la posibilidad de que Fernández cumpla la detención con la modalidad domiciliaria. Sin embargo, Pombo desestimó el planteo, informaron fuentes judiciales.
Dijeron que el juez ordenó que Fernández sea trasladado hasta la comisaría 42 de San Martín de los Andes, mientras el servicio penitenciario consigue una plaza en una unidad de penitenciaria de la provincia.
Fernández se declaró culpable en marzo pasado en un acuerdo parcial celebrado con la fiscalía de Villa La Angostura, que tuvo el consentimiento de las querellas y de la defensa del acusado.
El imputado reconoció haber cometido las estafas reiteradas. Por eso, Pombo lo declaró autor penalmente responsable de los delitos de estafa (36 hechos) y desbaratamiento de derechos acordados (3 hechos), todos cometidos en calidad de autor y en concurso real.
El 6 de agosto pasado, el Tribunal de Juicio, conformado por la jueza Vanesa Macedo Font y los jueces Federico Sommer y Maximiliano Bagnat le impuso la pena de cuatro años y seis meses de prisión e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena para administrar bienes ajenos y realizar cualquier operación inmobiliaria.
La fiscalía había pedido siete años y meses de prisión y las querellas doce años de cárcel. La defensa la pena de un año y seis meses de prisión condicional.
Los querellantes y la defensa impugnaron la sentencia de pena ante el Tribunal de Impugnación provincial que rechazó los recursos y la confirmó el 21 de octubre pasado.
Ese fallo lo dictaron la jueza Liliana Deiub y sus pares Mauricio Macagno y Nazareno Eulogio.
