Polémica autorización de Parques que hasta duplica la posibilidad de urbanizaciones privadas en áreas protegidas

Una reciente disposición de la Administración de Parques Nacionales (APN) generó una fuerte polémica en toda la Patagonia. La nueva normativa —que flexibiliza de manera inédita los límites para construir en propiedades privadas ubicadas dentro de parques nacionales— hasta duplica la superficie y la cantidad de edificaciones permitidas, abriendo la puerta a una urbanización masiva en territorios cuya función principal es la conservación.

Lo que antes era un régimen excepcional aplicado solo en dos parques, ahora se extiende a toda la región patagónica, habilitando parámetros mucho más permisivos que, en la práctica, favorecen el avance inmobiliario sobre áreas de altísimo valor ecológico.

Una medida sin justificación ambiental y con serias consecuencias

Desde la Fundación Azara, especialistas advierten que la Resolución no aporta ningún beneficio claro para las funciones de conservación, restauración o manejo sustentable que deben cumplir las áreas protegidas.

“No se vislumbra cuál es el motivo positivo para hacer esta Resolución ni cómo podría beneficiar a las reservas naturales. Más bien, sucede lo contrario”, alertan.

La organización señala que la densificación promovida por la normativa tendrá impactos ambientales significativos, tanto en los territorios de las reservas como en los parques nacionales contiguos. El aumento del número de edificaciones, accesos, caminos y circulación humana puede alterar la dinámica natural de los ecosistemas, fragmentar hábitats, afectar corredores biológicos y aumentar los riesgos de incendios forestales.

Además, se advierte que los cambios acentuarán el aislamiento de parques nacionales que hoy funcionan como sistemas ecológicos interconectados, comprometiendo su capacidad para sostener biodiversidad y mantener servicios ambientales esenciales.

Un cambio estructural disfrazado de “modernización”

La modificación fue implementada sin evaluación ambiental estratégica, sin instancias de participación pública y sin informar a organismos internacionales como la UNESCO, pese a que parques como Nahuel Huapi integran sitios declarados Patrimonio Mundial.

La Administración de Parques Nacionales justifica la resolución con el argumento de una “modernización normativa”, pero en los hechos lo que se flexibiliza es el uso privado del suelo, no el fortalecimiento de su protección.

Para organizaciones socioambientales, la medida representa un cambio de rumbo profundo en la gestión de las áreas protegidas, que pasan de ser espacios de conservación activa a territorios presionados por intereses urbanísticos y privados.

Resolución 300/2025: qué permite y por qué genera alarma

Publicada el 1 de octubre de 2025, bajo el título “Nuevas Normas para la Ejecución, Ocupación del Suelo y Uso de las Construcciones en los Parques y Reservas Nacionales de las Áreas Protegidas de la Patagonia”, la normativa fija nuevos parámetros constructivos para tierras privadas dentro de los parques nacionales patagónicos.

Los cambios son sustanciales:

Para un lote de 100 hectáreas:

  • Superficie construible máxima:

    • Antes: 2.400 m²

    • Ahora: 5.500 m²

  • Superficie total que se puede destinar a construcciones e infraestructuras:

    • Antes: 3.900 m²

    • Ahora: 8.900 m²
      Aumento del 129%.

  • Cantidad de volúmenes edilicios permitidos:

    • Antes: 964 volúmenes

    • Ahora: 1.737 volúmenes

Casos específicos: Nahuel Huapi y Lanín

  • Reserva del Nahuel Huapi:

    • Antes: 1.658 volúmenes

    • Ahora: 2.944 volúmenes
      Incremento del 80%.

  • Cantidad de propiedades privadas existentes:

    • Lanín: 70 lotes

    • Nahuel Huapi: 127 lotes
      Todos habilitados a ampliar la densidad constructiva bajo esta resolución.

Un precedente riesgoso para toda la región

Organizaciones ambientales sostienen que esta medida desprotege las áreas naturales y fomenta la construcción privada dentro de los parques nacionales, debilitando décadas de políticas públicas orientadas a preservar bosques, lagos, humedales y fauna nativa.

También advierten que la resolución instala un precedente jurídico peligroso, capaz de habilitar futuras flexibilizaciones y una progresiva ocupación de territorios esenciales para mantener el equilibrio ecológico de la Patagonia.

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