La comunidad mapuche Paicil Antriao manifestó este viernes su “estado de alerta” tras haber sido notificada por el Juzgado Civil y Comercial de Villa La Angostura de una orden que les exige desalojar, en un plazo de cinco días, el predio donde funciona el camping Quila Hue. La medida —confirmada por la comunidad a través de un comunicado— reaviva un conflicto territorial de larga data en la zona norte de la localidad.
Según el texto difundido por la comunidad, el juez Austol Bonorino notificó a varias familias integrantes del lof para que abandonen voluntariamente el predio. De no hacerlo, advirtieron, podría avanzarse con un desalojo forzoso.
“Desde el territorio mapuce del Lof Paicil Antriao repudiamos un nuevo atropello de la justicia neuquina, más precisamente del juez Bonorino, quien ha intimado a familias de nuestra comunidad a que en cinco días abandonen el predio del camping Quilla Hue o serán desalojadas”, señala el comunicado.
La comunidad consideró que la decisión judicial “profundiza la criminalización” y que se basa en “carátulas absurdas, discriminatorias y racistas”. Además, sostienen que la medida beneficia “a especuladores inmobiliarios vinculados al entorno del magistrado”.
En un tono crítico, la comunidad afirmó que la imparcialidad del juez está “seriamente cuestionada” y lo vincularon a intereses privados en Villa La Angostura. “Debemos decir, una vez más, que este juez pertenece a una familia de inmobiliarios de la localidad, por lo que su supuesta imparcialidad es una farsa”, expresaron.
LA ANGOSTURA DIGITAL intentó contactar al Juzgado de Primera Instancia, a cargo de Bonorino, para obtener su versión y confirmar los detalles de la medida, pero hasta el momento no obtuvo respuesta.
La Lof también apuntó contra Guillermo Hensel, a quien calificaron como “especulador y delincuente”, y lo señalaron como uno de los operadores detrás del litigio. Aseguraron que Hensel representa a los denunciantes del caso, quienes —según la comunidad— residen en Buenos Aires y “nunca vivieron en Villa La Angostura”.
“Bonorino tiene como tarea garantizar el despojo, dejar liberadas las tierras para que sus socios proyecten libremente sobre nuestro territorio”, agregaron.
El comunicado hace referencia a la Ley 26.160, norma nacional que suspendía desalojos sobre territorios ocupados por comunidades indígenas y ordenaba un relevamiento técnico-jurídico de las tierras reclamadas. La comunidad recordó que la ley ya no está vigente y que, tras su derogación, el relevamiento territorial quedó exclusivamente bajo responsabilidad del Gobierno de la Provincia de Neuquén.
Según sostienen, existe documentación que acredita que la Provincia asumió esa responsabilidad ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Sin embargo, afirman no esperar avances al nivel nacional debido a la postura del actual titular del organismo, Claudio Abruj, a quien describieron como “defensor de la propiedad privada y enemigo de la causa indígena”.
La comunidad sostuvo que la situación ahora depende del gobernador Rolando Figueroa y del ministro de Desarrollo Humano, Jorge Tobares. “Hoy está en manos del gobernador Figueroa y del ministro Tobares sacarnos de este calvario”, afirmaron.
En un mensaje final de fuerte tono político y territorial, la Lof anticipó que avanzará en la defensa directa del predio. “Por nuestra dignidad y por nuestros derechos, desde este momento ponemos en resguardo territorial este espacio amenazado. Y, si es necesario, vamos a resistir a un inminente desalojo”, concluyeron.
