Tras el informe del Defensor del Pueblo y la respuesta de la Auditora, el ex funcionario Alejandro Calderón y desde el Gobierno cuestionaron que Sebastián Baltanás había aumentado su planta de personal y habría pedido aumento de sueldo a solo tres meses de haber asumido.
El conflicto político y jurídico por la desafectación de espacios verdes municipales sumó este fin de semana un nuevo capítulo. Tras el informe presentado por el Defensor del Pueblo, Sebastián Baltanás, y la posterior respuesta pública de la Auditora Municipal, Roxana Diez, funcionarios del Ejecutivo y el ex secretario de Gobierno Alejandro Calderón acusaron al titular de la Defensoría de haber incrementado su planta de personal y de haber solicitado un aumento salarial a solo tres meses de asumir.
En declaraciones a LA ANGOSTURA DIGITAL Baltanás rechazó las versiones, calificó los señalamientos como “falsos” y reafirmó que el eje del debate debe centrarse en el respeto a la Carta Orgánica Municipal (COM) en relación al uso de los espacios verdes.
El origen del conflicto
La tensión actual se enmarca en un proceso que comenzó semanas atrás, cuando el Concejo Deliberante aprobó una serie de ordenanzas que desafectaron lotes catalogados como espacios verdes o de dominio público municipal, con el fin de cederlos a la Provincia para proyectos de educación y salud.
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Los terrenos involucrados incluyen una parte del predio donde funcionan el gimnasio Enrique Barbagelata, el CEF 7 y la cancha del barrio El Once, donde la Provincia planea construir la Escuela 361 y la EPET 28, y por otro lado el lote donde actualmente opera el Centro de Salud del barrio Norte, que la Provincia busca ampliar y dispone de los fondos para esta obra que lleva varios años de reclamo por parte de los mismos empleados de hospital Dr. Oscar Arraiz y del gremio ATE.
Baltanás sostuvo en su informe que estas desafectaciones contravienen la Carta Orgánica, la cual dispone una protección específica sobre los espacios verdes municipales, declarados de interés público y solo desafectables mediante procedimientos estrictos.
El defensor recomendó que las nuevas escuelas se construyan en predios de titularidad provincial, evitando sacrificar áreas de esparcimiento urbano ya consolidadas.
La Auditoría Municipal contestó respaldando la validez de los procedimientos usados por el Concejo y le recordó que el Defensor del Pueblo no tiene autoridad para impugnar el dictamen, debido a que su informe no es vinculable, luego que Baltanás impugnara el dictamen de la auditora Diez por considerar que no se ajusta a lo establecido en la COM.
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Acusaciones cruzadas: estructura de personal, alquiler y supuestos pedidos de aumento salarial
Mientras el debate institucional escalaba, desde el Ejecutivo y figuras como Calderón emergieron críticas hacia el funcionamiento interno de la Defensoría.
Según fuentes oficiales, Baltanás: “Ya tiene cinco empleados contratados”, “Pidió al Concejo Deliberante un aumento salarial” y ocupa “un local con el alquiler más caro de la Villa”.
Las comparaciones se extendieron incluso a la Defensoría de San Martín de los Andes, localidad con “tres veces más población y la misma cantidad de empleados”, señalaron fuentes del Ejecutivo, cuestionando además que las designaciones se habrían realizado “sin concurso y sin pasar por Jacad”.
La respuesta de Baltanás: “Nada de eso es correcto”
Consultado por LA ANGOSTURA DIGITAL, Baltanás negó rotundamente las afirmaciones y explicó sobre el personal contratado “No, no es correcto”, declaró.
Explicó que solo se incorporaron dos administrativas técnicas y una asesoría letrada externa, exclusivamente para causas judiciales que tramita la Defensoría.
Sobre el aumento de sueldo
“Tampoco se solicitó un aumento salarial”, afirmó y recordó que su remuneración está fijada de manera automática por la Carta Orgánica Municipal, equivalente al 80% del sueldo de la Viceintendenta, es decir, alrededor del 65% del salario del Intendente.
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Sobre el pedido conjunto de “exclusividad”
Baltanás aclaró que lo que sí se gestionó fue la incorporación del concepto de dedicación exclusiva, una figura ya contemplada para autoridades como el Intendente y la Viceintendenta. Ese pedido —realizado junto a la jueza de Faltas Soledad Aldea y la Auditora Roxana Diez— se planteó ante el Concejo Deliberante “para que sea incorporado por ordenanza y no por decreto”, enfatizó.
Sobre el local alquilado
Respondió también a la acusación de que la Defensoría alquila “el local más caro de la Villa”. “Es otra mentira”, señaló. “Se alquiló el local más económico en planta baja, pensando en las personas con movilidad reducida y en la capacidad necesaria para cuatro puestos de atención” y gregó que el proceso contó con la intervención y asesoramiento de diversas áreas del Ejecutivo.
Un clima político cada vez más tenso
El contrapunto entre la Defensoría, la Auditoría y el Ejecutivo se da en un contexto donde se debate sobre obras esperadas por más de 20 años, en el caso de la EPEN 28, y más de 10 años, en el caso de la Escuela 361 -que funciona precariamente en el albergue del CEF 7.
Lo que debería ser un anuncio histórico por una inversión en educación que no tiene precedentes en la historia de Villa la Angostura, unos 15,5 mil millones de pesos, se convirtió en una polémica por la elección de un sector del predio ubicado en el barrio El Once, y de igual manera sucede con el edificio donde funciona el Centro de Salud de Barrio Norte, que se construyó sobre un lote municipal. En ambos casos, se requiere que los lotes pasen a propiedad de la Provincia para que se puedan ejecutar las obras, mientras que un grupo de vecinos y desde un sector de la oposición, cuestionan que son espacios verdes y por lo tanto no es posible cambiar su uso urbanístico.
