Una joven madre de Villa Traful denunció estar atravesando una situación extrema de violencia de género que desde hace meses la mantiene en estado de temor constante, pese a haber realizado varias denuncias policiales y contar con medidas judiciales vigentes.
Se trata de Margarita Parada, quien aseguró que desde hace siete meses es víctima de hechos reiterados de violencia, hostigamiento y amenazas por parte de su expareja, padre de sus dos hijos menores. La mujer radicó varias denuncias en la Comisaría 51 de Villa Traful y también intervino la Oficina de Violencia de Villa La Angostura. En el caso tomó intervención la Jueza de Familia de Villa la Angostura, Dra. Eliana Fortbetil, quien dispuso rondines policiales diurnos y nocturnos para resguardar la seguridad de la víctima.
En diálogo con LA ANGOSTURA DIGITAL, Parada explicó que decidió hacer pública su situación para visibilizar una realidad que, según remarcó, muchas personas atraviesan en silencio. “Quiero visibilizar una situación de violencia que vengo padeciendo desde hace siete meses por parte de mi expareja”, expresó.
Según relató, el episodio más grave ocurrió en mayo pasado, cuando fue interceptada en la vía pública. “Fui increpada, empujada y amenazada de muerte. La situación se detuvo únicamente por la intervención de un vecino”, señaló. A partir de ese momento, los hechos de hostigamiento no cesaron.
Entre las situaciones denunciadas, la mujer enumeró daños reiterados y actos intimidatorios: ruedas de vehículos desinfladas, cortes intencionales de los servicios de luz y agua, piedras arrojadas contra su vivienda, robos y destrozos. “El 14 de diciembre rompieron un vidrio de una cabaña y el 17 de diciembre amanecí con el parabrisas de mi auto completamente destrozado”, detalló.
Parada indicó que la mayoría de estos hechos fueron formalmente denunciados y que existe una restricción de acercamiento vigente, la cual —según afirmó— fue incumplida en reiteradas oportunidades.
La violencia, sostuvo, no solo la afecta a ella sino también a sus hijos. De acuerdo a su testimonio, un acuerdo judicial de revinculación fue incumplido, dejando a los niños en una situación de especial vulnerabilidad. “La violencia también alcanza a mis hijos. Se desconoció lo firmado y la autoridad judicial”, afirmó.
“Vivir con miedo no puede naturalizarse. Denunciar no debería ser un camino solitario ni insuficiente”, remarcó la joven madre, quien reclamó que las medidas de protección dictadas por la Justicia se cumplan de manera efectiva y que las víctimas —en especial los niños— sean escuchadas.
Finalmente, Parada advirtió que la situación reviste mayor gravedad debido a que la persona denunciada se desempeñaría como trabajador del Estado local. “Las instituciones públicas no pueden mirar hacia otro lado cuando quienes las integran incumplen medidas judiciales y ejercen violencia”, concluyó.
El caso vuelve a poner en foco la problemática de la violencia de género en localidades pequeñas y la necesidad de respuestas rápidas, efectivas y sostenidas por parte de las instituciones para garantizar la protección de las víctimas.
Foto: Uno de los tantos documentos que certifican la denuncia de la joven mamá-
