El conflicto judicial por la cesión de una parte del predio donde funcionan el CEF N°7, el gimnasio Enrique Barbagelata y otras instalaciones deportivas del barrio El Once, suma un nuevo capítulo y escala en tensión institucional. El exconcejal del MPN y exconvencional constituyente municipal Guillermo Hensel confirmó que, junto a Silvana Gordillo, están dispuestos a llevar el reclamo hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación si no obtienen una respuesta favorable en las instancias provinciales.
“Estamos dispuestos a ir hasta la Corte Suprema porque consideramos que se trata de un precedente muy grave: el uso de un espacio verde protegido para un fin que viola la Carta Orgánica Municipal”, afirmó Hensel. Ambos exfuncionarios sostienen que el Ejecutivo y el Concejo Deliberante incumplieron normas de jerarquía superior al ceder parte del predio a la Provincia para la construcción de la Escuela Primaria N° 361 y la EPET N° 28.
La causa judicial sigue abierta
La disputa aún no está cerrada. Hensel y Gordillo presentaron un recurso de apelación para que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén revise la resolución de la jueza María Cecilia Gómez, quien subroga el Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Zapala con competencia en el interior provincial.
El pasado 11 de diciembre, la magistrada rechazó el pedido de medidas cautelares solicitado por los exconcejales, quienes habían promovido dos demandas contencioso-administrativas contra la Municipalidad de Villa La Angostura y el Concejo Deliberante. En esas acciones, reclamaron la nulidad de las ordenanzas 4275/25 y 4289/25, sancionadas para avanzar en el traspaso del predio a la Provincia, así como de los decretos del intendente Javier Murer que reglamentaron esas normas el mismo día de su aprobación.
Las cautelares pretendían suspender la vigencia de las ordenanzas hasta que se resolviera el fondo de la cuestión, algo que finalmente fue rechazado en primera instancia.
Expectativa en el Tribunal Superior de Justicia y advertencia de escalar el reclamo
Con la apelación ya presentada, Hensel explicó que ahora aguardan que el Tribunal Superior de Justicia admita el recurso y revise la resolución de la jueza Gómez. “Si tampoco prospera allí, no vamos a dar marcha atrás. Vamos a ir a la Corte Suprema”, anticipó.
El exconcejal insistió en que la Carta Orgánica Municipal (COM) de Villa La Angostura es categórica respecto a la protección de los espacios verdes. “Es una norma de jerarquía superior, sancionada en 2009, que establece la intangibilidad de estos espacios. No puede ser ignorada ni relativizada”, remarcó.
Uno de los ejes centrales del planteo de Hensel y Gordillo es que existen múltiples alternativas para construir los establecimientos educativos sin afectar un espacio verde municipal. “Es una falacia gravísima sostener que no hay otras opciones. No solo hay predios aptos en iguales o mejores condiciones, sino que existen reservas fiscales municipales y la Provincia también cuenta con lotes propios”, afirmó Hensel.
En ese sentido, rechazó el argumento de que la no cesión del predio implique un “riesgo educativo”. “Eso no resiste ningún análisis. Está garantizada la continuidad tanto de la Escuela 361 como de la EPET, y así viene sucediendo desde hace diez años en un caso y cuatro en el otro”, subrayó.
Los argumentos de la apelación
En el escrito presentado ante la Justicia, Hensel y Gordillo advirtieron sobre la gravedad y urgencia del planteo, al señalar que el Poder Ejecutivo Provincial, a través de la UPEFE y el Ministerio de Infraestructura, ya llamó a licitación para las obras de la EPET y la Escuela 361.
“Lo hizo con total desprecio de la normativa vigente de Villa La Angostura, de la Carta Orgánica Municipal y del Código de Planeamiento Ambiental Urbano”, sostuvieron, al tiempo que solicitaron que el expediente sea elevado sin dilaciones al Tribunal Superior de Justicia.
También ratificaron la ampliación de la demanda contra los concejales que aprobaron las ordenanzas, el intendente Javier Murer y los secretarios que las refrendaron. “Les cabe igual responsabilidad por dilapidar el patrimonio verde municipal, afectando el medio ambiente y el equilibrio urbanístico, bajo la falacia de velar por el derecho a la educación, cuando dicho derecho no está en pugna”, expresaron.
Según explicaron, la discusión no es educación sí o no, sino “dónde hacer efectivo ese derecho: si en un espacio verde municipal o en reservas fiscales existentes o inmuebles propiedad de la Provincia”.
Duras críticas a la jueza y a la resolución
En la apelación, los exconvencionales cuestionaron duramente la resolución de la jueza Gómez, al considerar que vulnera el deber constitucional de fundamentación de los actos jurisdiccionales. Señalaron que se limita a afirmaciones “dogmáticas y subjetivas”, sin analizar la prueba aportada ni las normas aplicables.
Además, advirtieron que el rechazo de la cautelar se apoya en “meras conjeturas”, sin explicar de qué modo se habría producido un supuesto cambio de uso de hecho del predio, ni cuáles serían los actos concretos que lo acreditarían.
Particular énfasis pusieron en que la magistrada omitió considerar la jerarquía superior de la Carta Orgánica Municipal frente a ordenanzas sancionadas hace más de 30 años y frente a las cuestionadas en 2025. “Esta ignorancia supina no puede soslayarse”, sostuvieron.
También calificaron de arbitraria la invocación del derecho a la educación como argumento central. “Cuando un juez crea un conflicto inexistente para justificar una resolución, incurre en arbitrariedad manifiesta. Es falaz afirmar que el derecho en pugna sea el derecho a la educación”, afirmaron.
Finalmente, reiteraron que es falso que el predio del CEF 7 sea el único apto, que la Provincia no tenga inmuebles disponibles o que la Municipalidad carezca de reservas fiscales. “Nada de eso es cierto”, concluyeron.
Ahora, la Municipalidad deberá contestar la apelación y, una vez cumplido ese paso, el expediente será remitido al Tribunal Superior de Justicia, que deberá decidir si admite el recurso y revisa el fallo cuestionado. El desenlace, según anticiparon Hensel y Gordillo, podría terminar definiéndose en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
