El histórico conflicto por tierras en Villa La Angostura, que mantiene paralizada la obra de la Avenida de Circunvalación desde hace casi una década, ingresó en su fase decisiva. El Juzgado Federal de Zapala dio por concluida la etapa de producción de pruebas y quedó en condiciones de dictar sentencia, luego de una inspección ocular realizada por Gendarmería Nacional en la zona de El Álamo, uno de los sectores más sensibles del litigio.
La causa enfrenta a la Dirección Nacional de Vialidad con la comunidad mapuche Lof Paichil Antriao, que reivindica derechos de posesión ancestral sobre las tierras donde está proyectada la traza vial. La inspección, considerada clave en el expediente, se realizó de manera reservada y permitió a la Justicia reunir los últimos elementos antes de resolver el fondo del conflicto.
La decisión fue adoptada por el juez federal subrogante Ezequiel Humberto Andreani, quien entendió que el expediente ya cuenta con pruebas suficientes y que no resulta necesario ampliar la demanda ni incorporar nuevos traslados judiciales. Con esta resolución, el proceso quedó listo para un fallo que podría tener un fuerte impacto tanto en la obra pública como en futuros reclamos territoriales en la región.
Una obra estratégica, un territorio en disputa
El área en conflicto no es un terreno menor. Por allí está proyectada la Avenida de Circunvalación de Villa La Angostura, una obra de 6,1 kilómetros de extensión y cuatro carriles, concebida para desviar el tránsito pesado del casco urbano, mejorar la seguridad vial y ordenar la circulación en una ciudad con fuerte perfil turístico.
La obra es ejecutada por una unión transitoria de empresas integrada por Codi–Conevial e Inversora–Vial Agro, y forma parte de un plan de infraestructura considerado estratégico por los organismos viales. Sin embargo, la traza atraviesa el sector de El Álamo, donde familias mapuches levantaron sus viviendas y consolidaron, con el paso del tiempo, un asentamiento comunitario.
Cuando los trabajos comenzaron, en marzo de 2017, en la zona residían siete familias. Ante esa situación, la Dirección Nacional de Vialidad promovió una demanda de desalojo para liberar el espacio necesario para avanzar con la obra.
El inicio del litigio judicial
Desde el Lof Paichil Antriao se rechazó el desalojo y se sostuvo que las familias ocupan un “territorio ancestral, con posesión efectiva y derechos amparados por la Constitución Nacional y los tratados internacionales sobre pueblos originarios”. Frente a la acción de Vialidad, el apoderado legal de la comunidad presentó un amparo con pedido de medida cautelar para frenar el avance de la obra.
La causa quedó radicada en el Juzgado Federal de Zapala, que en ese entonces estaba a cargo de la jueza Silvina Domínguez. Así se inició un proceso judicial que, con distintas instancias y demoras, se prolonga hasta la actualidad.
De siete familias a más de veinte: la inspección en El Álamo
Mientras el expediente avanzaba lentamente en los tribunales, el asentamiento en El Álamo creció de manera sostenida. La inspección ocular ordenada por el juzgado confirmó esa evolución: actualmente existen más de 20 viviendas en el sector, muchas de ellas precarias y otras en construcción, habitadas por familias completas, con presencia de niñas, niños y adolescentes.
El relevamiento se llevó a cabo el 22 de octubre de 2025 y estuvo a cargo del Escuadrón 34 de Gendarmería Nacional, con apoyo de peritos en criminalística. El operativo incluyó recorridas casa por casa, identificación de moradores, registros fotográficos y fílmicos, geolocalización por GPS y sobrevuelos con drones.
El informe final señaló que gran parte de las personas relevadas ya habían sido identificadas previamente como integrantes de la comunidad mapuche. Otras, si bien no figuraban en las primeras actuaciones del expediente, residen dentro de las mismas fracciones territoriales reclamadas por el Lof Paichil Antriao.
Una causa comunitaria, no individual
Uno de los puntos centrales de la resolución judicial fue la decisión de no ampliar la demanda pese a la aparición de nuevos ocupantes. El juez Andreani sostuvo que no se trata de ocupaciones recientes sobre tierras distintas, sino de personas que habitan el mismo territorio en disputa, sobre el cual la comunidad mapuche viene invocando un derecho de posesión colectiva desde el inicio del juicio.
Para la Justicia, el conflicto no debe analizarse de manera fragmentada ni individual, sino como una controversia territorial y comunitaria. En ese marco, seguir sumando notificaciones y nuevos demandados solo implicaría prolongar un expediente que ya acumula casi diez años de tramitación.
Un operativo costoso y un fallo inminente
Gendarmería Nacional informó además que el costo total de la inspección ocular y de los trabajos periciales asciende a 6.894.184 pesos, monto que deberá ser considerado al momento de definir las costas del proceso judicial.
Con la etapa probatoria cerrada, el Juzgado Federal de Zapala quedó habilitado para dictar sentencia en cualquier momento. El fallo deberá definir si prevalece el reclamo de la Dirección Nacional de Vialidad para liberar la traza de la Circunvalación o si se reconoce la posesión comunitaria alegada por el Lof Paichil Antriao.
