Desde Ayuda Animal Voluntaria se manifestó el más profundo repudio ante la suspensión de las castraciones municipales durante el mes de febrero. En la actualidad, y ante la falta de un veterinario municipal, las castraciones se gestionan mediante contratos que contemplan un número fijo de intervenciones mensuales. Sin embargo, y de manera sorpresiva, el Concejo Deliberante no autorizó la realización de las castraciones correspondientes a febrero, lo que vuelve a evidenciar el escaso compromiso de las autoridades con el control canino y felino en la localidad.
Resulta alarmante que se destinen millones de pesos a la organización de eventos festivos mientras no se logra sostener una política pública básica como lo son las castraciones municipales. Esta decisión no solo impacta negativamente en la salud pública y el bienestar animal, sino que además demuestra una falta de prioridades claras en la gestión.
La suspensión del servicio recarga de manera directa a las organizaciones protectoras, que trabajan contrarreloj para evitar la proliferación de camadas no deseadas. Asimismo, se desperdicia el esfuerzo realizado durante meses, ya que la interrupción de un solo mes de castraciones municipales equivale, de manera estimativa, a unas 700 posibles crías que nacerán en los próximos meses.
La castración no constituye un servicio accesorio ni opcional, sino que es la principal política pública de prevención del abandono, el sufrimiento animal y la superpoblación de mascotas, más aún en una localidad ubicada dentro de un parque nacional. Cada semana sin castraciones se traduce en más camadas no deseadas, más animales en situación de calle, mayor riesgo de accidentes, aumento de enfermedades y, en pocos meses, un incremento en los ingresos a caniles. La prevención resulta siempre más económica y más humana que la contención posterior.
Los animales no interrumpen su reproducción por vacaciones administrativas ni por calendarios institucionales. La reproducción continúa a diario, y sus consecuencias recaen luego sobre la comunidad, las proteccionistas y las propias dependencias municipales, que deberán afrontar una problemática agravada por decisiones que podrían haberse evitado.
Por todo lo expuesto, se solicita la inmediata reanudación del servicio de castraciones municipales, con un cronograma sostenido durante todo el año, entendiendo que las políticas públicas responsables deben ser continuas, previsibles y acordes a la realidad que se busca resolver. Gobernar también es prevenir, y prevenir es castrar.
