Junta vecinal intimó por carta documento para que suspendan las licitaciones de dos escuelas

Así lo solicitaron vecinos del barrio El Once, quienes pidieron la revisión integral de los procesos licitatorios de las obras de la Escuela 361 y la EPET 28, que la Provincia proyecta construir en el predio donde funciona el CEF 7. Los demandantes insisten que se trata de un espacio verde protegido por la normativa vigente.

La junta vecinal del barrio El Once de Villa La Angostura, con el respaldo de algunos vecinos, intimó por carta documento al gobernador neuquino, Rolando Figueroa, para que suspenda los procesos de licitación pública de las obras para la construcción de la Escuela 361 y la EPET 28 en el predio donde funciona el gimnasio Enrique Barbagelata y el CEF 7.

En la carta documento que enviaron este jueves y a la que tuvo acceso LA ANGOSTURA DIGITAL, la presidenta de la junta vecinal del barrio, la exconvencional municipal y exconcejal del MPN Silvana Gordillo, y vecinos del barrio El Once, alegaron tener “legítimo interés en la legalidad de los actos de Gobierno y preservación del Medio Ambiente”.

Por eso, indicaron en el texto de la carta documento: “Venimos por la presente a intimarlo formalmente a que en el plazo perentorio de 10 días proceda a: ordenar la inmediata suspensión y revisión integral de los procedimientos de licitación y/o ejecución de las obras públicas correspondientes al EPET 28 y la Escuela 361 de la localidad de Villa La Angostura, en tanto las mismas han sido proyectadas y licitadas sobre un inmueble municipal designado catastralmente como Espacio Verde, de dominio público municipal, intangible, inalienable, imprescriptible y de destino específico”.

También, le pidieron al gobernador “adoptar las medidas administrativas legales y disciplinarias correspondientes respecto de los funcionarios provinciales y municipales intervinientes por la presunta violación de la Carta Orgánica Municipal de Villa La Angostura y el Código Urbano Ambiental que protege y garantiza la intangibilidad destino y uso específico del espacio verdes públicos”.

Mencionaron, como otro motivo para frenar los procesos licitatorios, la “ley de obra pública provincial, en cuanto a la falta de actitud legal del inmueble para el destino licitado”.

Invocaron “los principios de legalidad, razonabilidad y competencia administrativa”.

Posible denuncia penal

Los vecinos advirtieron el posible incumplimiento de los “deberes de funcionarios públicos por autorizar, convalidar actos manifiestamente contrarios al ordenamiento jurídico”.

“La afectación de un inmueble calificado como Espacio Verde para la construcción de establecimientos educativos, de imposible desafectación jurídica, sin respetar normativa vigente, sin audiencia pública y sin respetar la Carta Orgánica Municipal, configura una grave violación al régimen de dominio público, a la autonomía municipal y el principio de legalidad administrativa”, señalaron en la carta documento. “Hago expresa reserva de promover las acciones administrativas, judiciales y penales que pudieran corresponder, incluyendo la denuncia por posible incumplimiento de los deberes de funcionario público (artículo 248 del Código Penal) así como acciones de nulidad absoluta de los actos administrativos viciados”, anunciaron.

“La presente se cursa los fines de dejar expresa constancia, constituir en mora y evitar la consolidación de actos ilegales que comprometen gravemente el patrimonio público municipal y el orden institucional”, explicaron los vecinos.

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