Gordillo advierte que denunciará penalmente a los funcionarios que aprueben la construcción de las dos escuelas

La abogada y presidenta de la Junta Vecinal del barrio El Once que representa a un grupo de vecinos que se opone a estas obras en el predio del CEF, donde asegura que es un espacio verde. 

La abogada Silvana Gordillo advirtió que avanzará con una denuncia penal contra los funcionarios que autoricen la construcción de las escuelas en el predio del CEF. La actual presidenta de la Junta Vecinal del barrio El Once, quien representa a un grupo de vecinos que se oponen al proyecto, sostuvo que el terreno en cuestión es un espacio verde y, por lo tanto, no puede destinarse a ese tipo de obras.

En una entrevista con el noticiero de Angostura Digital Televisión, Gordillo anticipó que denunciará a quienes avalen la construcción de la Escuela 361 y la EPET 28 en el predio del gimnasio municipal Enrique Barbagelata. Según explicó, la oposición vecinal no está dirigida contra la necesidad de más infraestructura educativa, sino contra la localización elegida.

“Ni la gente de nuestro barrio El Once, ni muchos vecinos de la localidad, estamos en contra de nuevas escuelas. Son absolutamente necesarias y eso debe quedar muy claro”, remarcó. Sin embargo, cuestionó que la decisión no habría contemplado un plan integral de desarrollo territorial ni criterios de distribución urbana.

Gordillo señaló que la concentración de establecimientos en el área céntrica genera problemas de tránsito y accesibilidad, especialmente en temporada alta, cuando el único acceso principal —el puente Las Piedritas— se ve desbordado. En ese sentido, consideró que la planificación debería tener en cuenta la densificación poblacional, la cercanía con los alumnos y la conectividad vial.

En relación con el proceso judicial iniciado por los vecinos, aclaró que el planteo de fondo aún no fue resuelto. Explicó que la jueza del fuero administrativo de Zapala rechazó una medida cautelar de “no innovar”, pero no se expidió sobre la cuestión principal. “No nos rechazaron la demanda; lo que no prosperó fue una medida previa para frenar momentáneamente cualquier avance hasta que se resolviera el tema de fondo”, indicó.

Ante esa decisión, el grupo vecinal recurrió al Tribunal Superior de Justicia de la provincia, aunque reconoció que los tiempos judiciales no son inmediatos. También mencionó que en agosto comenzará a regir un nuevo Código Procesal Civil de carácter adversarial en Neuquén, que apunta a agilizar los procesos judiciales.

La abogada también cuestionó los argumentos esgrimidos en el Concejo Deliberante para aprobar la ordenanza que habilita el uso del predio. Según relató, los concejales que acompañaron la iniciativa sostuvieron que otros terrenos cedidos con anterioridad a las escuelas no eran aptos o requerían movimientos de suelo costosos, y que existía financiamiento nacional que debía aprovecharse con rapidez. Para Gordillo, esa explicación “es una falacia”, ya que cualquier terreno requiere adecuaciones técnicas antes de construir.

En ese marco, puso el foco en el informe de dominio del Registro de la Propiedad del Inmueble, que —según afirmó— identifica el lugar como espacio verde. Sostuvo que el predio fue cedido con ese fin específico y que actualmente allí funcionan actividades deportivas, como pista de atletismo y eventos comunitarios.

Además, planteó interrogantes sobre la superficie necesaria para una escuela técnica como la EPET 28, que requiere aproximadamente 10.000 metros cuadrados para cumplir con la normativa que exige talleres e infraestructura de mayor escala. Recordó que en otro sector de la localidad debieron ampliarse terrenos inicialmente cedidos para alcanzar esa superficie mínima.

“¿Dónde vamos a poner todo junto? ¿Qué pasa con las actividades deportivas, con la Fiesta de los Jardines, con la pista de atletismo? Hoy ya es un caos”, se preguntó.

Finalmente, Gordillo reiteró que, de avanzar la autorización administrativa para la obra, promoverá acciones penales contra los funcionarios intervinientes por considerar que se estaría vulnerando la condición jurídica de un espacio verde público, lo que —según su postura— comprometería la seguridad jurídica y el respeto por las normas urbanísticas vigentes.

  • Mirá el video con la entrevista completa

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