El Gobierno de la provincia de Neuquén dispuso la cesantía de un chofer del Sistema Integrado de Emergencias tras un grave episodio de violencia ocurrido en Villa Traful. El hecho, que generó fuerte repudio, se produjo mientras el agente se encontraba cumpliendo funciones oficiales.
Se trata de Alfredo David Tarifeño, quien se desempeñaba como conductor del Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén, dependiente de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos del Ministerio de Seguridad. Según se desprende del expediente administrativo, el 3 de marzo de 2024 protagonizó un altercado violento con particulares, en un contexto que fue calificado como “bochornoso” por las autoridades.
De acuerdo con la investigación interna, el ex agente se encontraba asignado a tareas de cobertura sanitaria en Villa Traful cuando, presuntamente bajo los efectos del alcohol, comenzó una discusión que derivó en agresiones. Testimonios y pruebas incorporadas al sumario indican que arrojó piedras contra un vehículo —un Fiat Duna— provocando daños materiales, lo que motivó la intervención policial. Posteriormente, fue demorado y trasladado a un centro de salud.
A raíz de este episodio, se dispuso en primera instancia una suspensión preventiva de 30 días y la apertura de un sumario administrativo. Si bien el implicado ejerció su derecho a defensa, los auditores concluyeron que su conducta constituyó un incumplimiento grave de los deberes como agente público, además de resultar incompatible con la responsabilidad que implica integrar un servicio de emergencias.
La medida de cesantía se enmarca en la política de revisión y depuración de la administración pública que impulsa la gestión del gobernador Rolando Figueroa. En ese contexto, desde el Ejecutivo remarcaron que se continuará actuando con firmeza ante situaciones irregulares, especialmente aquellas vinculadas a hechos de violencia o conductas delictivas.
El caso de Tarifeño no es aislado. En las últimas semanas también se registraron otras exoneraciones dentro del Estado provincial, entre ellas dos agentes involucrados en la causa por estafas con planes sociales y un efectivo policial apartado por reiteradas faltas disciplinarias.
Desde el Gobierno señalaron que estas decisiones buscan fortalecer la transparencia institucional y garantizar que quienes integran el sistema público cumplan con estándares adecuados de conducta, en especial en áreas sensibles como la atención de emergencias, donde la responsabilidad y el compromiso profesional resultan fundamentales.
