Esta crítica situación no sucedió en Villa la Angostura, sino dentro de la jurisdicción que tiene la jueza que tiene su despacho dentro del juzgado Multifueros de nuestra localidad.
Un grave caso de hostigamiento escolar ocurrido dentro de la jurisdicción de la IV Circunscripción Judicial, cuya jueza tiene despacho en el Juzgado Multifueros de Villa La Angostura, encendió alarmas y motivó una intervención urgente de la Justicia. Una niña de 11 años debió ser internada tras presentar conductas autolesivas y pensamientos suicidas, situación que derivó en una serie de medidas inmediatas para resguardar su integridad y garantizar su protección dentro del ámbito escolar.
La resolución fue dictada por la jueza de Familia de la IV Circunscripción, Eliana Fortbetil, luego de analizar el complejo cuadro emocional que atravesaba la menor, quien venía siendo víctima de hostigamiento reiterado por parte de compañeros de la escuela a la que asiste. Según surge del fallo, las agresiones eran principalmente burlas y comentarios despectivos vinculados a su apariencia física, que se habrían sostenido durante un período prolongado y generaron un profundo impacto psicológico.
El deterioro emocional de la niña se agravó con el tiempo hasta derivar en un cuadro de angustia severa, retraimiento social, falta de motivación y autolesiones. Los profesionales de salud que intervinieron describieron la situación como preocupante y señalaron que la internación involuntaria fue la única alternativa terapéutica posible ante el riesgo cierto que implicaban las conductas autolesivas y la ideación suicida.
Frente a ese escenario, la magistrada dispuso la intervención urgente del Ministerio de Educación y del sistema de salud provincial, con el objetivo de abordar la situación de manera integral y evitar que el caso vuelva a repetirse.
La respuesta institucional y el rol de la escuela
En su resolución, la jueza también puso el foco en la actuación del establecimiento educativo. Según se desprende del fallo, la respuesta institucional frente a los episodios de violencia escolar habría sido insuficiente, lo que permitió que el hostigamiento se prolongara en el tiempo sin una intervención eficaz.
Por este motivo, la escuela deberá presentar un informe detallado sobre las acciones adoptadas hasta el momento y, además, elaborar un plan concreto de trabajo destinado a mejorar la convivencia escolar y prevenir nuevos hechos de bullying. La Justicia también ordenó la intervención de equipos técnicos especializados en convivencia escolar, que deberán acompañar el proceso dentro de la institución.
Estos profesionales tendrán la tarea de analizar las dinámicas entre los estudiantes, detectar factores de riesgo y aplicar herramientas que permitan reconstruir el clima escolar, con el objetivo de evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.
Entre las medidas previstas también se incluyen prácticas restaurativas con los alumnos involucrados en los episodios de hostigamiento. Estas instancias, que deberán desarrollarse con acompañamiento profesional, apuntan a visibilizar el daño causado, promover la responsabilidad de quienes participaron en las agresiones y generar espacios de reparación dentro de la comunidad educativa.
Evaluación psiquiátrica y acompañamiento integral
En paralelo, la magistrada ordenó la intervención del Ministerio de Salud provincial para que un especialista en psiquiatría infantojuvenil realice una evaluación integral de la niña. El objetivo es garantizar el seguimiento profesional necesario para abordar las consecuencias emocionales que dejó la situación y acompañar su recuperación.
Otro punto señalado en la resolución tiene que ver con un pedido presentado por la familia: el cambio de turno escolar de la alumna. Según consta en el fallo, esa solicitud no había recibido respuesta por parte de la institución, por lo que la jueza ordenó que se brinde una contestación inmediata y se evalúe la medida como parte del resguardo de la menor.
La magistrada también expresó preocupación por la naturalización de conductas autolesivas entre adolescentes y por los riesgos que se generan cuando estos comportamientos circulan dentro de los grupos de pares. En ese sentido, sostuvo que los indicadores detectados en este caso reflejan un escenario de extrema vulnerabilidad que exige una intervención rápida y coordinada entre educación y salud.
Finalmente, la jueza recordó que el derecho a la vida, a la salud mental y al desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes está garantizado por la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley Nacional 26.061. En ese marco, remarcó que las instituciones educativas tienen un rol central en la detección temprana y el abordaje de la violencia escolar, para evitar que conflictos entre estudiantes escalen hasta poner en riesgo la salud y la integridad de quienes los padecen.
