En el marco del Día Internacional de los Bosques, celebrado el 21 de marzo, desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) advirtieron sobre la importancia de fortalecer la legislación vigente y alertaron que sería “particularmente grave” avanzar con propuestas que eliminen la prohibición de desmontar en los bosques nativos clasificados como categoría II (amarillo), ya que esto habilitaría la intervención sobre millones de hectáreas hoy protegidas.
Según el último monitoreo oficial publicado en 2024 por la Secretaría de Turismo y Ambiente, entre 2016 y 2024 se perdieron más de 1.700.000 hectáreas de bosques nativos en la Argentina, una superficie equivalente a 85 veces la Ciudad de Buenos Aires. Si bien estas cifras continúan siendo preocupantes, la tasa de pérdida se redujo de manera significativa respecto de los niveles registrados antes de la sanción de la Ley de Bosques en 2007. Para dimensionar el impacto de la norma, sólo en 2007 se desmontaron 728.469 hectáreas, casi la mitad de lo perdido durante todo el período 2016-2024.
Los bosques cumplen funciones esenciales para el equilibrio ambiental: regulan el clima, amortiguan eventos extremos, estabilizan suelos, protegen cuencas hídricas, producen oxígeno y sostienen la biodiversidad. Desde FARN destacan que la Ley de Bosques permitió ordenar el territorio, visibilizar la problemática de la deforestación y crear un sistema nacional y provincial de gestión forestal que anteriormente prácticamente no existía.
Sin embargo, la organización advirtió que la deforestación continúa debido a falencias en la implementación, desmontes ilegales, debilidades en la fiscalización y demoras en la actualización de los ordenamientos territoriales. A esto se suma el desfinanciamiento sostenido del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos (FNECBN), herramienta clave para que las provincias ejecuten proyectos de conservación, restauración y manejo sostenible.
De acuerdo con el Monitor Ambiental del Presupuesto de FARN, en 2024 no se ejecutó ningún monto del fondo, pese a que se habían asignado $10.027 millones. En 2025, de los $7.673 millones vigentes, sólo se ejecutaron $2.383 millones. En lo que va de 2026, de los $17.468 millones asignados, se ejecutaron apenas $1.185 millones.
- Estos recursos representan sólo el 0,0107% del presupuesto nacional, cuando la ley establece que debería recibir al menos el 0,3%, es decir, 28 veces menos de lo previsto.
En este contexto, desde FARN remarcan que resulta especialmente preocupante que se impulsen reformas que debiliten la normativa. Una de las propuestas más cuestionadas plantea eliminar la prohibición de desmontar en los bosques de categoría II (amarillo). Estas áreas, que abarcan más de 30 millones de hectáreas de bosques nativos, fueron definidas para permitir únicamente usos sostenibles —como turismo de bajo impacto, recolección controlada o manejo forestal— pero no desmontes.
De aprobarse esa modificación, amplias superficies actualmente protegidas podrían quedar habilitadas para la deforestación, lo que implicaría una pérdida masiva de ecosistemas estratégicos, mayor degradación de suelos, incremento del riesgo de inundaciones y sequías, y un impacto directo sobre comunidades locales y actividades productivas que dependen del equilibrio ambiental.
Los bosques nativos constituyen una infraestructura ecológica fundamental para la regulación hídrica, la estabilidad climática, la fertilidad del suelo y la conservación de la biodiversidad. También sostienen economías regionales vinculadas al turismo, la producción sustentable y el aprovechamiento forestal responsable.
Desde FARN advierten además que debilitar la Ley de Bosques podría generar consecuencias económicas y comerciales. Argentina asumió compromisos internacionales en materia ambiental, como el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que establece que ninguna de las partes debe reducir los niveles de protección ambiental con el objetivo de fomentar el comercio o la inversión.
En un contexto de crisis climática y pérdida acelerada de biodiversidad, la organización sostiene que el desafío no es flexibilizar las normas, sino garantizar su cumplimiento efectivo. Esto implica asegurar financiamiento adecuado, fortalecer los controles, mejorar la fiscalización y avanzar en políticas públicas orientadas a la conservación, restauración y manejo sostenible de los bosques nativos.
