El intento de desalojo de la comunidad mapuche Lof Melo que ocupa una propiedad en disputa con un privado ubicada en el paraje El Pedregoso, a unos 30 kilómetros de Villa La Angostura, quedó trunco este lunes y volvió a poner en primer plano un conflicto judicial que se extiende desde hace más de diez años. Según trascendió, funcionarios judiciales se trasladaron hasta la zona para dar cumplimiento a la orden, pero el procedimiento no pudo concretarse ante la falta de acompañamiento policial suficiente.
La medida había sido dispuesta a fines de 2025 por el juez Francisco Astoul Bonorino, quien fijó como fecha de ejecución el lunes 30 de marzo. En ese marco, desde la ciudad de Neuquén viajaron funcionarios judiciales y personal destinado a garantizar el cumplimiento de las formalidades procesales. Sin embargo, cuando el operativo se disponía a avanzar hacia el predio, la Policía de Neuquén informó que contaba con un número reducido de efectivos, lo que motivó la suspensión del procedimiento, según informó el portal Infobae.
De acuerdo a lo informado, la comitiva judicial llegó hasta la tranquera de acceso a la propiedad, donde fue recibida por Lucas Melo. Ante la falta del dispositivo de seguridad previsto, los funcionarios decidieron desistir de avanzar con el desalojo.
En declaraciones a LA ANGOSTURA DIGITAL, Lucas Melo brindó su versión de lo ocurrido y aseguró que el procedimiento lo tomó por sorpresa. “Ayer lunes 30, más o menos a las 11 de la mañana, yo estaba ahí en el territorio trabajando y escuché unas bocinas en la tranquera. Entonces me acerqué y me encontré con cuatro oficiales de justicia, también había dos policías y testigos que eran todos gente de los campos vecinos”, relató.
Según indicó, los funcionarios le informaron que se trataba de un desalojo. “Ahí me hicieron unas preguntas y me informaron que era un desalojo, pero les aclaré que yo no los iba a dejar entrar, y entonces se fueron. Fue todo muy sorpresivo, me hablaron muy bien, correctamente y me sorprendió la cantidad de camionetas, que del Poder Judicial y de particulares que habían llegado”, señaló.
Melo también cuestionó versiones publicadas en un medio nacional respecto del operativo y de su rol dentro del conflicto. “Hoy me encuentro con esta nota en un medio nacional que dice que se había frustrado el desalojo porque la provincia no había prestado la herramienta que es la policía y que yo había manifestado como líder de la comunidad, cosa que en ningún momento nosotros ni nos denominamos líderes ni nada, de que yo me había reunido con el gobernador. Y eso es mentira”, afirmó.
En ese sentido, agregó que durante el procedimiento había una persona que tomaba nota de lo que ocurría, lo que le llamó la atención. “Había alguien que tomaba nota en un papel y eso me llamó la atención, pero yo no me reuní nunca con el gobernador. O sea, ni creo que tenga por qué reunirme con él”, concluyó.
El caso arrastra una extensa historia judicial. El conflicto se originó en diciembre de 2011 y desde entonces, la disputa transitó múltiples instancias judiciales. Según se indicó, más de quince magistrados intervinieron en el expediente a lo largo de los años y habrían coincidido en considerar ilegal la ocupación, avalando el desalojo del inmueble. No obstante, la orden nunca llegó a ejecutarse, lo que prolongó el litigio y mantuvo la posesión del predio en manos de los ocupantes.
Por su parte Lucas Melo volvió a insistir en el resultado del Relevamiento Territorial que tendría que haber informado a INAI mientras reiteró que la acción de reclamo la hizo el abogado Virgilio Sánchez
La propietaria del terreno, María Cristina Broers, sostiene que es la legítima titular del lote desde 1973. Antes de la ocupación, había realizado distintas mejoras, entre ellas construcciones habitacionales y un muelle sobre la costa del lago Nahuel Huapi. Tras la irrupción de los ocupantes, la dueña realizó una constatación notarial para dejar asentado el ingreso al predio, la rotura del candado del acceso y el inicio de construcciones precarias dentro de la propiedad.
El fallido operativo del lunes volvió a dejar sin efecto una orden judicial que llevaba meses de preparación y reabre la incertidumbre sobre cuándo podrá concretarse el desalojo. Mientras tanto, el litigio continúa sin resolución efectiva, a más de trece años del inicio de la ocupación.
