El Concejo Deliberante de Villa La Angostura sancionó el pasado jueves una ordenanza que autoriza, “por vía de excepción”, la prórroga por tres meses de las contrataciones destinadas a tareas de mantenimiento escolar, con un monto máximo de 120 millones de pesos. La medida generó cuestionamientos desde la oposición debido a que el monto supera los límites establecidos por la normativa vigente y no se utiliza el mecanismo de licitación pública.
Ante esta situación, el subsecretario de Servicios Públicos, Eduardo Mendoza, salió a aclarar los motivos de la decisión y sostuvo que la medida busca garantizar la continuidad del servicio mientras se avanza en el llamado a licitación definitiva.
Una prórroga excepcional por tres meses
La ordenanza fue aprobada en sesión especial y establece la prórroga de las contrataciones bajo la modalidad de locación de servicios para el mantenimiento escolar dentro del Sistema Unificado de Mantenimiento Escolar (SUME). El plazo comprende desde el 1 de abril hasta el 30 de junio de 2026.
La norma autoriza esta prórroga de manera excepcional respecto del artículo 9 de la ordenanza 4274/25, que regula los montos y mecanismos del sistema de contrataciones municipales. Dicha normativa fija límites y establece que, una vez cumplidos los plazos de adecuación, no pueden continuar contrataciones que superen esos topes.
Además, el artículo quinto de esa ordenanza dispone que toda contratación que supere los 70 millones de pesos debe realizarse mediante licitación pública. Sin embargo, la nueva ordenanza omite esa exigencia y habilita la continuidad de contratos directos por tres meses para evitar la interrupción del servicio.
- Los prestadores alcanzados por la prórroga son Rodrigo Figueroa, Nicolás Manrique, Jonathan Meriño, Marcelo Molina, Gastón Pardo, Gabriel Riquelme, Agustín Saavedra Pino y Martín Torres.
Al mismo tiempo, la norma instruye al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar una licitación pública para el mantenimiento de escuelas, tomando como base un nomenclador de tareas con montos máximos e índices de actualización. Ese llamado deberá cubrir las prestaciones hasta mayo de 2027 y los pagos se realizarán contra certificación de trabajos efectuados.
La explicación del Ejecutivo
El subsecretario de Servicios Públicos, Eduardo Mendoza, explicó en una entrevista con el noticiero de Angostura Digital Televisión que desde el inicio de la actual gestión se detectó que el mantenimiento escolar era un tema prioritario y delicado. Según indicó, el municipio afronta inicialmente los gastos y luego recibe el reintegro del gobierno provincial, por lo que se debió reorganizar la estructura administrativa y presupuestaria.
En ese marco, recordó que a fines de 2024 se implementó el sistema SUME, una aplicación donde cada director carga incidencias vinculadas a electricidad, gas, agua u otros problemas edilicios. Esto permite establecer prioridades y asegurar la trazabilidad de los trabajos.
El funcionario señaló que el monto de 120 millones fue fijado como un tope estimado para cubrir tres meses de mantenimiento en aproximadamente 15 establecimientos educativos con nueve prestadores. Según detalló, el cálculo se basó en el gasto del año 2025, cuando el mantenimiento escolar demandó alrededor de 372 millones de pesos con materiales incluidos.
Mendoza explicó que las intervenciones suelen ser urgentes y requieren respuesta inmediata. Entre los ejemplos mencionó fallas en calderas, problemas de presión de agua, roturas de tanques, pérdidas, desperfectos eléctricos o roturas en sanitarios. Estas situaciones, indicó, no pueden esperar los tiempos administrativos de una licitación o concurso de precios.
- El funcionario explicó que el sistema funciona con un nomenclador de tareas acordado con los prestadores, que establece valores para intervenciones habituales como cambio de luminarias, reparación de descargas, rotura de vidrios o ajustes en sistemas de calefacción. El objetivo es resolver rápidamente los problemas y mantener operativos los establecimientos.
El subsecretario remarcó que la prórroga será la última antes del llamado a licitación pública, que permitirá ampliar la competencia y ordenar definitivamente el sistema. Mientras tanto, sostuvo que la autorización excepcional busca asegurar que las escuelas cuenten con mantenimiento continuo y evitar interrupciones en el ciclo lectivo.
Los fundamentos de la ordenanza
En los considerandos, los concejales remarcaron que la educación es un derecho básico y que el Estado debe garantizar condiciones edilicias adecuadas para el normal desarrollo del ciclo lectivo. En ese sentido, sostuvieron que resulta indispensable evitar la suspensión de clases por problemas de mantenimiento.
El sistema SUME permite que los directivos escolares carguen en una plataforma digital las necesidades de reparación, que luego son certificadas por las autoridades educativas y verificadas por el municipio. Según se indicó, este mecanismo busca dar trazabilidad, control y transparencia a las intervenciones.
También señalaron que durante 2025 se trabajó con un nomenclador de tareas con valores preestablecidos, lo que permitió ordenar las intervenciones más frecuentes, como reparaciones eléctricas, sanitarias, de calefacción o trabajos edilicios menores.
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