El Concejo Deliberante de Villa La Angostura aprobó una nueva ordenanza que dispone el cierre vehicular de un tramo clave del barrio Calfu Co. La medida apunta a reforzar la seguridad y evitar maniobras para eludir el control policial ubicado en el ingreso a la localidad.
El Concejo Deliberante de Villa La Angostura sancionó este miércoles una ordenanza que establece el cierre al tránsito vehicular del tramo final de la calle Aguas Azules, en su conexión con la Ruta Nacional 40 a la altura del kilómetro 2015,3, una vía que venía siendo utilizada para “puentear” el control policial del sector de Muelle de Piedra.
La iniciativa retoma un proyecto aprobado a fines de 2025, que había sido vetado parcialmente por el intendente Javier Murer por cuestiones técnicas. Tras incorporar las modificaciones sugeridas por el Ejecutivo, el cuerpo legislativo avanzó con una nueva redacción que finalmente obtuvo aprobación.
La ordenanza, a la que tuvo acceso LA ANGOSTURA DIGITAL, instruye al Ejecutivo municipal a ejecutar el cierre “con la celeridad y urgencia que la situación amerita”, y encomienda a la Secretaría de Seguridad y Ordenamiento Vial la coordinación de las acciones necesarias, incluyendo la colocación de señalética, cartelería informativa y campañas de difusión en el barrio.
Además, se dispuso notificar formalmente a la Junta Vecinal de Calfu Co y al Consejo de Juntas Vecinales, actores que impulsaron la medida desde sus inicios.
Un reclamo vecinal vinculado a la seguridad
El proyecto tiene su origen en una nota presentada el 13 de octubre de 2025 por el Consejo de Juntas Vecinales, en la que se solicitaba con carácter urgente impedir la apertura de ese tramo de la calle Aguas Azules.
Según plantearon, la conexión directa con la Ruta 40 en un punto previo al destacamento policial permitía el ingreso y egreso de vehículos sin pasar por los controles de seguridad, lo que generaba un escenario propicio para maniobras delictivas o la evasión de controles.
En los fundamentos, los concejales destacaron que la habilitación de esa vía implicaría “debilitar el esquema de seguridad integral”, al dejar sin cobertura un punto estratégico de acceso a la localidad.
El rol del control policial y la tecnología
El ingreso principal al barrio Calfu Co se encuentra actualmente bajo la órbita del destacamento policial dependiente de la Comisaría 28, donde funcionan controles fijos, lectores automáticos de patentes y cámaras de vigilancia.
Estos dispositivos son considerados herramientas clave para la prevención del delito, el monitoreo vehicular y la trazabilidad de movimientos. La apertura de un acceso alternativo sin control, advirtieron, comprometería seriamente ese sistema.
Incluso recordaron que situaciones similares ya se habían registrado en los inicios del barrio, lo que obligó en su momento a mantener restringido ese paso.
Sin impacto en la circulación ni en emergencias
Otro de los argumentos centrales que respaldaron la medida es que los relevamientos técnicos no detectaron saturación en el acceso actual al barrio, por lo que la infraestructura existente resulta suficiente para absorber el flujo vehicular habitual, incluso en horas pico.
Asimismo, organismos como Bomberos, Policía, Salud y Defensa Civil fueron consultados y no manifestaron inconvenientes en cuanto a accesibilidad o tiempos de respuesta ante emergencias.
En ese sentido, el Concejo consideró que mantener un único acceso controlado permite lograr un equilibrio adecuado entre circulación y seguridad.
Del veto a la aprobación definitiva
El 8 de enero de 2026, el Ejecutivo municipal emitió el decreto 54/2026 que establecía el veto parcial de la ordenanza original, señalando inconsistencias técnicas en su redacción. Esa situación impidió su promulgación, conforme a lo establecido por la Carta Orgánica Municipal.
Sin embargo, el propio veto incluyó una propuesta de modificación para el artículo principal, que fue considerada pertinente por los concejales e incorporada en el nuevo texto aprobado.
De esta manera, el Concejo logró finalmente sancionar una norma ajustada en términos legales y técnicos, que responde a un reclamo vecinal sostenido y apunta a fortalecer los controles de acceso en uno de los puntos sensibles de Villa La Angostura.
