El Ejecutivo provincial rechazó las acusaciones por la suspensión del procedimiento judicial en un predio en conflicto con comunidades mapuches. Afirmó que no se cumplían los protocolos exigidos y responsabilizó a la parte actora por la falta de garantías operativas.
Un intento de desalojo de dos comunidades mapuches (Melo y Quintriqueo) en un paraje cercano a Villa La Angostura derivó en una fuerte controversia judicial y política, luego de que el Gobierno de Neuquén asegurara que el operativo no pudo concretarse porque “no estaban dadas las condiciones” para su ejecución.
El procedimiento, previsto para el 30 de marzo en la zona de El Pedregoso —a unos 25 kilómetros del casco urbano—, quedó trunco en medio de versiones cruzadas entre la parte demandante y las autoridades provinciales. Mientras los abogados denunciaron falta de apoyo policial, el Ejecutivo negó esa situación y sostuvo que el protocolo vigente no había sido cumplido.
El conflicto se desarrolla en un predio de aproximadamente 625 hectáreas, ubicado a orillas del lago Nahuel Huapi, cuya propiedad es reclamada por María Cristina Broers. Según la denuncia, el lote pastoril 42 habría sido ocupado de manera ilegal en diciembre de 2011. En contraposición, las comunidades Melo y Quintriqueo sostienen que habitan el lugar desde mucho antes, con respaldo documental que acreditaría su ocupación desde hace más de un siglo.
La causa judicial, tramitada en el fuero civil, cuenta con una sentencia firme que ordena el desalojo. El fallo fue dictado en primera instancia en 2016, ratificado en 2018 y posteriormente avalado por el Tribunal Superior de Justicia. Sin embargo, a pesar de los reiterados intentos, la medida nunca logró ejecutarse.
El último intento generó un punto de inflexión. Desde la representación legal de la parte demandante, encabezada por el abogado Guillermo Hensel, se denunció que la Policía no brindó el acompañamiento necesario para concretar el operativo. “Una vez en el lugar, la Policía no nos dio soporte y la medida finalmente se frustró”, afirmó el letrado, quien además señaló que la fecha del procedimiento había sido fijada con más de un mes de anticipación.
Según esa versión, desde la Comisaría 28 se habría argumentado la falta de personal debido a un operativo paralelo en la ciudad de Neuquén, lo que motivó críticas hacia el Gobierno provincial por un supuesto incumplimiento del fallo judicial. La situación tomó repercusión a nivel nacional y generó pronunciamientos en distintos sectores políticos.
Frente a estas acusaciones, el Gobierno neuquino brindó su propia interpretación de los hechos y desmintió categóricamente que el problema haya sido la falta de efectivos policiales. En cambio, señaló que el operativo no podía llevarse adelante porque no se habían cumplido los requisitos establecidos en el protocolo provincial para desalojos.
Desde el Ejecutivo explicaron que, al tratarse de una causa civil, la responsabilidad de impulsar las medidas necesarias recae en la parte demandante. En ese sentido, indicaron que antes de ejecutar un desalojo es obligatorio cumplir una serie de pasos administrativos y operativos destinados a garantizar la seguridad y los derechos de las personas involucradas.
Entre esos requisitos, el protocolo establece la intervención previa de distintos organismos, como áreas de Desarrollo Social, Minoridad y Familia —en caso de haber menores—, el sistema de salud, Bomberos y eventualmente Migraciones. Además, deben emitirse oficios judiciales que aseguren la presencia de estas instituciones durante el procedimiento.
Según el Gobierno, estos pasos no fueron cumplimentados en el intento de desalojo realizado en marzo. “Cuando se ordena el operativo, la Policía consideró que no estaban dadas las condiciones en función de ese protocolo”, indicaron fuentes oficiales, que también remarcaron que la tramitación de esos oficios corresponde a la parte actora.
El episodio volvió a poner en evidencia la complejidad de los conflictos territoriales en Villa la Angostura, donde las disputas entre particulares y comunidades originarias suelen escalar más allá del ámbito judicial, involucrando factores sociales, históricos y políticos que dificultan su resolución.
