Tras detectar inconsistencias en la ejecución de la decoración de Semana Santa sobre la avenida Arrayanes, el Ejecutivo municipal derivó el expediente al área de Legales, que deberá determinar si corresponde aplicar sanciones económicas sobre un contrato de 28 millones de pesos. Ya se abonó una parte del servicio, mientras permanece retenido el pago final.
La polémica por la millonaria ornamentación de Pascuas instalada en el centro de la localidad sumó un nuevo capítulo y quedó ahora en manos del área de Legales del municipio, que deberá resolver si corresponde pagar la totalidad del contrato o aplicar un descuento a la empresa adjudicataria por presuntos incumplimientos.
El proyecto, denominado “Pascua 2026”, había sido impulsado por el Ejecutivo municipal con el objetivo de jerarquizar el casco céntrico durante Semana Santa y potenciar el atractivo turístico de la ciudad. Para ello, la Secretaría de Turismo llevó adelante un concurso de precios con un presupuesto oficial de 28 millones de pesos.
La propuesta seleccionada fue la presentada por la prestadora Mariana Dlabac Molina. Sin embargo, tras la instalación de la ornamentación —que abarcó la avenida Arrayanes, su continuidad hasta la plaza San Martín y la primera cuadra de avenida Pascotto— surgieron cuestionamientos a partir de una inspección técnica municipal.
Según se consignó en el acta de constatación, el trabajo ejecutado no se habría ajustado a las condiciones originalmente ofertadas. Entre las observaciones, se indicó que parte de la intervención fue modificada una vez instalada, lo que no estaba contemplado en el acuerdo inicial.
Ante esta situación, se labró un acta de incumplimiento que abrió la posibilidad de aplicar una sanción económica a la contratista.
- Noticia vinculada: Entrevista: Qué dijo Cendra sobre el concurso de la ornamentación de Pascuas y su cuestionamiento al sistema de concursos del municipio
Descargo y evaluación
El jueves pasado, a pedido de la adjudicataria, se reunió la comisión evaluadora en el Centro de Convenciones para escuchar su descargo formal. La prestadora asistió acompañada por su representante legal y presentó documentación y materiales vinculados al servicio prestado.
De acuerdo al acta oficial, tras analizar la exposición, la comisión resolvió autorizar el pago del 40% correspondiente a la primera cuota del contrato y remitir el expediente al área de Legales para que dictamine sobre la procedencia de la sanción.
Además, se dejó constancia de que los elementos utilizados en la ornamentación fueron entregados para su incorporación al inventario municipal, un punto relevante dentro del contrato.
Pagos parciales y fondos retenidos
La concejal Lilia Vidal, integrante de la comisión evaluadora, explicó a LA ANGOSTURA DIGITAL que el municipio aún no abonó la totalidad del contrato y que el último desembolso permanece retenido hasta contar con el dictamen jurídico.
“El pago estaba previsto en tres cuotas. Se abonó una parte importante, estimada en alrededor de 20 millones de pesos, pero resta la última cuota, que dependerá de lo que determine Legales”, indicó.
Asimismo, precisó que la sanción contemplada en el acta podría implicar “un descuento dinerario”, aunque remarcó que la definición final corresponde exclusivamente al área jurídica del municipio.
Un proceso bajo revisión
Vidal también señaló que la principal objeción radica en que “el trabajo no se ajustó a lo contratado originalmente” y que las modificaciones realizadas durante la instalación no formaban parte de la propuesta adjudicada.
El proceso de selección había contado con la participación de una amplia comisión evaluadora integrada por funcionarios del Ejecutivo, concejales de distintos bloques, representantes del área de Auditoría y miembros vinculados al sector turístico y comercial.
Incluso, según se indicó, existían ofertas con presupuestos superiores que proponían el uso de otros materiales, lo que ahora también forma parte del análisis político y administrativo del caso.
Definición pendiente
Con el expediente ya en el área de Legales, el municipio se encuentra en una instancia clave para resolver el conflicto. El dictamen determinará si corresponde aplicar penalidades económicas a la prestadora o si se valida el cumplimiento del contrato en los términos pactados.
Mientras tanto, el caso sigue generando debate en el ámbito político local, no solo por el monto involucrado sino también por los mecanismos de control y seguimiento en la ejecución de contrataciones públicas destinadas a eventos turísticos de alto impacto.
