La norma fue sancionada y promulgada por un decreto del intendente de Villa La Angostura en diciembre del 2024, pero sigue sin aplicarse. Concejales lamentaron la demora y plantearon la falta de voluntad política para hacerlo.
La ordenanza que establece un régimen de captación de plusvalías urbanas en Villa La Angostura continúa sin aplicación efectiva, pese a haber sido sancionada en diciembre de 2024 y promulgada pocos días después por el Ejecutivo municipal. La situación generó cuestionamientos por parte de concejales de la oposición, quienes reclaman su inmediata implementación.
Se trata de la ordenanza N.º 4220, que creó el Derecho para el Desarrollo Urbano (DDU), una herramienta destinada a que el Municipio perciba un porcentaje de la valorización inmobiliaria generada por cambios normativos o inversiones públicas.
Sin embargo, según advirtieron los concejales Héctor Vénica (Juntos por el Cambio) y Eugenia Ceraso (Primero Angostura), la norma sigue sin aplicarse.
“Desde diciembre de 2024 estamos exigiendo que se implemente esta ordenanza y desde inicios de 2025, que se abra esta mesa técnica”, afirmó en declaraciones a LA ANGOSTURA DIGITAL la concejal Ceraso, quien recordó que la iniciativa fue impulsada por su bloque.
La edil señaló que, ante las consultas realizadas al Ejecutivo, “lo que nos contestaron el primer año fue que habían obstáculos técnicos”. Frente a esa respuesta, aseguró que desde el espacio político ofrecieron colaboración para destrabar la situación: “Nosotros ofrecimos especialistas que se pusieron a disposición para discutir cuáles serían los obstáculos y, en todo caso, también para asistir con la implementación”. No obstante, indicó que no obtuvieron respuesta.
Diferencias técnicas y falta de avances
Ceraso también vinculó la demora con el debate en torno al Plan de Ordenamiento Territorial. “En el marco del Plan de Ordenamiento Territorial, el equipo del arquitecto (Roberto) Monteverde trajo propuestas que claramente se diferencian de la ordenanza actual en la fuente de la que captan renta urbana”, explicó.
En ese sentido, consideró que “esta cuestión confundió las cosas, inclusive, antes de poder ponerlas en práctica, cuando en todo caso se puede discutir cómo hacer ajustes para que la ordenanza que se sancionó pase a la acción”.
La concejal destacó que en otras ciudades donde se aplicaron instrumentos similares, su impacto fue significativo, aunque remarcó un factor clave: “En todas las localidades donde sí se implementó la herramienta y donde hay políticas activas de gestión del suelo urbano y se cambió la realidad de las ciudades, es porque además de las ordenanzas, hubo una decidida voluntad política”.
Presión inmobiliaria y desarrollo urbano
En otro tramo de sus declaraciones, Ceraso puso el foco en el contexto local: “Es notable la presión económica-inmobiliaria sobre el tema y es todo un desafío haber traído este debate al Concejo Deliberante para que podamos entender que no podemos seguir rodeados de capital y administrando pobreza, mientras nuestra infraestructura urbana es cada vez más deficitaria”.
Asimismo, remarcó la necesidad de orientar los recursos hacia mejoras concretas para la comunidad. “La gente del pueblo necesita obras, conectividad, espacios públicos de calidad y que respondan a sus necesidades”, sostuvo.
También vinculó el desarrollo urbano con la actividad turística: “Los turistas son atraídos no sólo por el paisaje, sino por la experiencia que tienen al recorrer Villa La Angostura. Y los inversionistas necesitan que el entorno acompañe sus proyectos”.
“Cuanto más se articulen estas cuestiones, más vamos a poder desarrollarnos de forma integral y equitativa, disfrutando de una Angostura de la que estemos orgullosos”, agregó. Y concluyó: “Para eso hay que distribuir el capital, la renta urbana y el Estado Municipal debe garantizar que las inversiones sean para todos y todas”.
Por su parte, el concejal Héctor Vénica cuestionó el accionar del Ejecutivo y planteó en declaraciones a LA ANGOSTURA DIGITAL: “Habría que preguntarle al Ejecutivo qué intereses tiene. Porque está más enfocado en implementar la tasa vial y aumentar patentes que en avocarse a recaudar con una herramienta muy efectiva como es esta ordenanza de plusvalía”.
Alcances de la ordenanza
La normativa establece la creación del Derecho para el Desarrollo Urbano con el objetivo de regular el aporte público al incremento del valor del suelo. En ese marco, dispone que quienes resulten beneficiarios de una valorización inmobiliaria derivada de acciones urbanísticas deberán abonar un porcentaje de ese mayor valor al Municipio.
El DDU alcanza a propietarios o desarrolladores en tres situaciones:
- Cambios en el uso del suelo o categorización territorial.
- Incrementos en el potencial edificable por modificaciones normativas.
- Excesos respecto a lo permitido por la normativa vigente.
Para su aplicación, el Ejecutivo debe determinar el valor de incidencia del suelo por área, el cual debe actualizarse anualmente.
Fondo y sanciones
La ordenanza también prevé la creación del Fondo Municipal de Desarrollo Urbano, que se integrará con lo recaudado por el DDU y tendrá como destino obras de infraestructura, saneamiento, preservación del patrimonio y proyectos de vivienda social.
Además, fija plazos concretos para su implementación: el cálculo del valor de incidencia debía realizarse dentro de los cuatro meses posteriores a su promulgación. También establece sanciones para quienes incumplan con el pago, que incluyen la paralización de obras o clausuras.
A pesar de estos lineamientos, la ordenanza continúa sin aplicación. Desde el Ejecutivo municipal indicaron que brindarán una respuesta en los próximos días sobre el estado de situación.
