La agresión ocurrió a la salida del establecimiento cuando la alumna fue atacada por un grupo de adolescentes que están identificadas. El hecho, fue filmado por las mismas agresoras y viralizado. La familia radicó la denuncia y advierte sobre una problemática creciente que preocupa a la comunidad.
Un violento episodio ocurrido a la salida del CPEM N° 68 encendió las alarmas en la comunidad de Villa La Angostura y volvió a poner en debate la creciente problemática de la violencia entre adolescentes, agravada por su exposición en redes sociales.
El hecho se registró el pasado 23 de abril, alrededor de las 12:40, cuando una estudiante se retiraba del establecimiento junto a una compañera. En ese momento, fue sorprendida por un grupo de cinco jóvenes —ya identificadas— que la interceptaron sin previo aviso. Según la denuncia, una de ellas inició la agresión física y, tras derribarla, continuó golpeándola mientras el resto del grupo alentaba el ataque. Incluso, una de las presentes registró la escena en video, material que luego fue difundido a través de Instagram y WhatsApp.
Como consecuencia de la golpiza, la víctima sufrió una costilla fisurada y, de acuerdo a lo señalado por su entorno, continúa siendo objeto de amenazas posteriores al ataque.
En declaraciones a LA ANGOSTURA DIGITAL, la madre de la joven agredida expresó su profunda preocupación y decidió hacer público el caso para visibilizar lo ocurrido: “quiero aprovechar este espacio para visibilizar una situación que ocurrió recientemente en nuestra comunidad y que refleja una problemática cada vez más preocupante: la violencia entre adolescentes, especialmente cuando es organizada y expuesta en redes sociales.”
La mujer detalló que la agresión no fue un hecho aislado ni espontáneo, sino que evidenció cierto grado de planificación y participación grupal: “el pasado miércoles, a la salida del CPEM N° 68, se produjo una agresión física entre menores en un contexto que evidencia planificación y participación de varios jóvenes. Lo más alarmante es que, mientras ocurría el hecho, otros lo registraban en video para luego difundirlo. Esto no solo implica violencia física, sino también una grave exposición y daño psicológico.”
El caso ya fue judicializado. Según confirmó la familia, se radicó una denuncia penal y se realizaron presentaciones ante la Defensoría de Menores y el Ministerio de Educación, con el objetivo de que se activen los protocolos correspondientes y se garantice la intervención institucional.
Más allá del hecho puntual, la madre puso el foco en una problemática social más amplia “lo que está en juego no es solo un hecho puntual, sino una realidad que nos interpela como sociedad. No podemos seguir naturalizando estas situaciones. No son ‘cosas de chicos’. Son actos de violencia que dejan marcas profundas.”
En ese sentido, remarcó la necesidad de una respuesta integral que involucre tanto a las familias como a las instituciones: “es fundamental que se tomen medidas concretas para evitar la reincidencia, y que las familias de los menores involucrados asuman su rol, acompañando, poniendo límites y educando en valores. La responsabilidad es compartida.”
También advirtió sobre el rol de las redes sociales en este tipo de agresiones: “es necesario reflexionar sobre el uso de las redes sociales: grabar, compartir y viralizar el dolor de otro no puede ser parte de nuestra cultura.”
Finalmente, realizó un llamado a la comunidad en su conjunto: “este es un llamado a la conciencia colectiva. A las familias, a las instituciones, a las autoridades… y a cada uno de nosotros. Porque cuando vemos y no hacemos nada, cuando sabemos y callamos, también somos parte del problema. Es momento de decir basta. Es momento de actuar.”
El caso generó preocupación entre vecinos y autoridades educativas, en un contexto donde los episodios de violencia juvenil y su amplificación digital comienzan a ser cada vez más frecuentes, planteando un desafío urgente en términos de prevención, contención y responsabilidad social compartida.
