La Gremial de Abogados hizo pública una carta presentada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la que cuestiona el rechazo de dos recursos de queja impulsados por el abogado y dirigente gremial Luis Virgilio Sánchez. Además, denunció una supuesta persecución política y judicial vinculada a su defensa de comunidades mapuche y a sus críticas al gobierno nacional.
La Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina difundió una carta enviada a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la que denunció una presunta persecución contra su vicepresidente, el abogado Luis Virgilio Sánchez, y reclamó el “cese del hostigamiento” que, según sostienen, impulsa el Poder Ejecutivo Nacional con “la complicidad explícita de sectores del Poder Judicial”.
En el documento, fechado el 15 de mayo de 2026, la organización expresó su preocupación por lo que consideró una avanzada contra abogados comprometidos con la defensa de sectores sociales vulnerables y, particularmente, de comunidades mapuche de la Patagonia.
Según detalló la Gremial, Sánchez se desempeñaba como funcionario de carrera de la entonces AFIP —actual ARCA— y fue designado en 2020 como jefe de Distrito en Esquel, provincia de Chubut. Allí se trasladó junto a su familia, incluyendo a sus dos hijas mellizas, que cursaban sus estudios secundarios en esa ciudad.
La entidad sostuvo que, tras la publicación de una nota de opinión crítica hacia el presidente Javier Milei, el abogado fue apartado de su cargo y trasladado a Neuquén. Asimismo, señalaron que se ordenó el desalojo inmediato de la vivienda institucional donde residía con su familia.
De acuerdo con la presentación, Sánchez inició una acción de amparo ante la Justicia Federal de Esquel solicitando la nulidad de la medida y una cautelar que le permitiera permanecer en la ciudad al menos hasta finalizar el ciclo lectivo de sus hijas. Sin embargo, la Gremial aseguró que tanto el juez federal Guido Otranto como la Cámara Federal convalidaron las decisiones administrativas cuestionadas.
La organización también cuestionó el accionar de la Corte Suprema tras el rechazo de dos recursos de queja presentados por el abogado. Uno de ellos estaba vinculado al amparo presentado contra el Estado Nacional y el otro al juicio de desalojo impulsado por ARCA.
En la carta pública, los firmantes sostuvieron que las decisiones de inadmisibilidad fueron “absolutamente infundadas” y denunciaron presuntas irregularidades en la tramitación de los expedientes. Además, afirmaron que existió una “injerencia de operadores judiciales del gobierno” sobre funcionarios del máximo tribunal.
Entre los argumentos expuestos, remarcaron que la Defensoría General de la Nación había dictaminado previamente que correspondía admitir uno de los recursos extraordinarios presentados por Sánchez y dejar sin efecto la sentencia apelada.
La Gremial indicó además que las medidas tomadas contra el abogado derivaron en una investigación por presunto abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, causa que posteriormente fue archivada.
En el tramo final de la presentación, la organización advirtió sobre una supuesta “reproducción de prácticas de persecución a referentes sociales y políticos” y reclamó que la Corte Suprema revise sus decisiones y se expida mediante un fallo fundado sobre las cuestiones federales planteadas.
“Resulta imprescindible que esa Corte se involucre, para evitar que este accionar se propague y tornen ilusorios la división de poderes y el rigor con el que deben ejercer los magistrados su función primaria, que es impartir Justicia”, concluye el documento difundido por la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina.
