El caso cobra relevancia en un contexto marcado por la movilización del grupo “Mamás en Acción”, integrado por padres y madres que denuncian a quienes comercializan drogas con menores en Villa La Angostura.
La reciente condena dictada contra un vecino de Villa La Angostura por tenencia simple de estupefacientes volvió a poner en el centro del debate la lucha contra el narcotráfico y el microtráfico de drogas en la localidad, especialmente tras la aparición del grupo de padres autoconvocados “Mamás en Acción”, que viene impulsando denuncias contra presuntos vendedores de drogas que operan en la comunidad.
El caso involucra a C. O. C., quien el pasado 18 de mayo fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional, es decir, sin cumplimiento efectivo de la pena, tras ser considerado autor penalmente responsable del delito de tenencia simple de estupefacientes.
La sentencia fue dictada por la jueza Alina Vanessa Macedo Font en el marco de un juicio abreviado. La acusación estuvo a cargo del asistente letrado Federico Surá, dependiente de la Fiscalía de la IV Circunscripción Judicial que conduce el fiscal jefe Gastón Ávila.
Según trascendió de la causa judicial, durante un allanamiento realizado el 1 de noviembre de 2025 en una vivienda de la calle del barrio El Mallín, personal policial secuestró 76 gramos de clorhidrato de cocaína distribuidos en numerosos envoltorios, además de dos balanzas digitales de precisión, teléfonos celulares y una importante suma de dinero en efectivo.
De acuerdo con los informes periciales incorporados al expediente, la cantidad de droga secuestrada equivaldría a unas 443 dosis de cocaína.
Sin embargo, la fiscalía entendió que no existían elementos suficientes para acreditar de manera concluyente que la sustancia estuviera destinada a la comercialización, motivo por el cual la acusación avanzó bajo la figura de tenencia simple y no por comercialización de estupefacientes, delito que contempla penas de prisión efectiva de entre cuatro y quince años.
La resolución generó fuertes cuestionamientos por parte del abogado penalista Cristian Hugo Pettorosso, quien sostuvo que la evidencia secuestrada durante el procedimiento resultaba compatible con actividades de distribución o venta de drogas.
El letrado señaló que la decisión judicial adquiere una especial sensibilidad social debido al creciente reclamo de vecinos y familias preocupadas por el avance del consumo y la venta de estupefacientes en Villa La Angostura.
En ese contexto, durante las últimas semanas cobró notoriedad el grupo “Mamás en Acción”, integrado por una veintena de madres y padres que comenzaron a realizar denuncias formales ante la Policía y la Justicia contra personas señaladas por presuntamente suministrar drogas a jóvenes de la localidad.
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La iniciativa, que ya tuvo varias presentaciones en la Comisaría 28 y cuenta con el acompañamiento legal de Pettorosso, generó una amplia repercusión a nivel provincial y reavivó el debate sobre las herramientas judiciales disponibles para combatir el microtráfico.
Para los integrantes del grupo, el principal reclamo es que las denuncias realizadas por las familias tengan una respuesta efectiva de la Justicia y permitan avanzar contra quienes comercializan sustancias ilegales en la comunidad.
La controversia también se produce pocos días después de que el fiscal general de Neuquén, José Gerez, presentara en Buenos Aires los resultados del modelo provincial de persecución penal del microtráfico de drogas, destacando los avances obtenidos en la lucha contra este delito.
Mientras tanto, el fallo judicial continúa generando repercusiones y opiniones encontradas entre vecinos, familias y actores vinculados a la prevención de adicciones, en una comunidad donde la preocupación por el consumo problemático y la venta de drogas se ha convertido en uno de los temas de mayor sensibilidad social.
