En medio de la polémica por las contrataciones del municipio, la auditora Roxana Díez advirtió que el Ejecutivo no envía los contratos con la anticipación requerida para su control. Vénica cuestionó que se están incumpliendo normas vigentes y reclamaron respetar los procedimientos establecidos.
La controversia por las demoras y los mecanismos de contratación en la Municipalidad de Villa La Angostura sumó un nuevo capítulo esta semana, luego de que la Auditoría Municipal advirtiera que el Ejecutivo no estaría cumpliendo con los procedimientos previstos por la normativa vigente para la contratación de personal y servicios.
El tema fue analizado durante una reunión realizada este lunes entre concejales, funcionarios del Ejecutivo y la auditora municipal Roxana Díez, en un encuentro que volvió a poner en evidencia las diferencias de criterio respecto de la aplicación de las ordenanzas vinculadas a concursos de precios y desdoblamiento de contrataciones.
Participaron de la reunión la viceintendenta Tamara Martínez, el secretario de Gobierno Juan Pablo Naretti, el secretario de Atención al Vecino Alejo Silva Grecci, subsecretarios de distintas áreas municipales, además de concejales y la titular de la Auditoría.
En declaraciones a LA ANGOSTURA DIGITAL el concejal Héctor Vénica, dijo que el objetivo principal fue revisar la forma en que se están aplicando las ordenanzas que regulan las contrataciones municipales y aclarar los procedimientos que deben cumplirse antes de concretar cualquier incorporación o prestación de servicios.
“Se aclaró cuál es el procedimiento de aplicación de dichas ordenanzas y, sobre todo, que las contrataciones deben respetar un procedimiento previo”, explicó el edil.
Vénica cuestionó que, según lo planteado durante el encuentro, el Ejecutivo estaría remitiendo los contratos para su control cuando los agentes ya comenzaron a desempeñar tareas.
“No puede ser que primero ejecuten y luego manden los contratos para su aprobación”, afirmó.
La Auditoría reclama el cumplimiento de una circular vigente
Uno de los puntos centrales del debate fue el cumplimiento de la Circular Nº 6 de la Auditoría Municipal, una disposición que establece que todos los contratos deben ser remitidos al organismo de control con un mínimo de 15 días de anticipación al inicio efectivo de las tareas.
Según explicó Vénica, la auditora Roxana Díez manifestó que esa exigencia no se estaría respetando en la práctica.
“La auditora planteó especialmente que no se está cumpliendo con la circular número seis de la Auditoría, que indica que todos los contratos deben enviarse como mínimo con quince días de anticipación a que el agente realice el trabajo o empiece a prestar el servicio”, sostuvo el concejal.
Además, aseguró que tampoco se estaría aplicando correctamente el procedimiento previsto en la ordenanza de desdoblamiento de contrataciones.
En ese sentido, recordó que la normativa contempla que, cuando existan dudas sobre si una contratación configura o no un desdoblamiento, el caso puede ser remitido al Concejo Deliberante para que emita un dictamen vinculante aprobado por una mayoría especial de dos tercios.
“Por eso entendemos que no hace falta modificar la ordenanza; lo que hace falta es respetarla”, remarcó.
Debate por los concursos de precios
Durante la reunión también se discutió la aplicación de la ordenanza de concursos de precios, una herramienta que desde algunos sectores del Ejecutivo había sido cuestionada por considerar que genera demoras administrativas.
Sin embargo, Vénica defendió el sistema y sostuvo que garantiza transparencia e igualdad de oportunidades entre los oferentes.
El concejal afirmó que desde la Secretaría de Hacienda se “demonizó” la ordenanza, pese a que se trata de un mecanismo sencillo que permite que todos los proveedores reciban la misma información y que las contrataciones cuenten con la publicidad necesaria.
La discusión se suma a los cuestionamientos que vienen cruzándose en las últimas semanas entre distintos sectores del gobierno local, la Auditoría y concejales respecto de los tiempos administrativos y la legalidad de los procesos de contratación, un tema que continúa generando tensión dentro de la administración municipal.
