La jueza del Tribunal Municipal de Faltas, Soledad Aldea, difundió un comunicado institucional para aclarar distintos aspectos relacionados con la situación del inmueble donde actualmente funciona el organismo judicial municipal y remarcar que las negociaciones vinculadas al alquiler nunca estuvieron bajo la órbita de esa dependencia.
Según explicó, tanto durante su gestión como en las administraciones anteriores, el Tribunal Municipal de Faltas no contó con una partida presupuestaria propia destinada a la contratación de inmuebles. Por ese motivo, las gestiones relacionadas con el alquiler fueron históricamente administradas por áreas del Departamento Ejecutivo, primero a través de la Secretaría de Seguridad y actualmente mediante la Secretaría de Gobierno.
Aldea señaló que el 27 de abril recibió información oficial que indicaba que la situación contractual del inmueble se encontraba resuelta mediante una prórroga que permitía el funcionamiento del Tribunal hasta diciembre de este año. Sobre esa base, sostuvo que actuó confiando en la información suministrada por las áreas competentes del municipio y entendió que el tema había quedado solucionado.
Sin embargo, indicó que el pasado 4 de junio tomó conocimiento de la existencia de acciones judiciales relacionadas con el inmueble que comprometían la continuidad del funcionamiento del organismo. Ante ese nuevo escenario, afirmó que se adoptaron medidas inmediatas para garantizar la prestación del servicio de justicia municipal.
En el comunicado, la magistrada recordó que la Carta Orgánica Municipal reconoce al Tribunal Municipal de Faltas como uno de los órganos que integran el Gobierno Municipal, junto al Departamento Ejecutivo y al Concejo Deliberante, otorgándole autonomía institucional y administrativa. En ese sentido, consideró que cualquier situación que pueda afectar el normal funcionamiento del organismo debe abordarse mediante una adecuada coordinación entre las distintas áreas del Estado municipal.
La jueza aseguró que su principal objetivo es garantizar la continuidad del servicio que presta diariamente el Tribunal a los vecinos de Villa La Angostura. Por esa razón, informó que decidió asumir personalmente las gestiones necesarias para encontrar y contratar un nuevo inmueble que permita asegurar el funcionamiento normal del organismo, procurando que una eventual mudanza no afecte la atención al público ni el desarrollo de las tareas jurisdiccionales.
Asimismo, destacó que el presupuesto del Tribunal ha sido históricamente austero y sostuvo que durante su gestión se buscó reducir al máximo los gastos, administrando los recursos públicos con criterios de responsabilidad y eficiencia.
Otro de los puntos aclarados por Aldea fue el destino de los fondos provenientes de las multas. Explicó que el Tribunal Municipal de Faltas no administra ni dispone de esos recursos, ya que la totalidad de los ingresos generados por sanciones se incorporan a las arcas municipales. En consecuencia, indicó que el organismo no percibe, maneja ni decide el destino de esos fondos.
Finalmente, remarcó que la función del Tribunal es exclusivamente jurisdiccional, centrada en juzgar infracciones, aplicar las sanciones previstas por la normativa vigente y garantizar el debido proceso, sin intervenir en la administración de los recursos económicos del municipio.
La magistrada concluyó reafirmando su compromiso con la continuidad del servicio de justicia municipal, la autonomía institucional del Tribunal de Faltas y la atención a los vecinos de Villa La Angostura, asegurando que esas responsabilidades guiarán las decisiones que adopte en adelante para preservar el normal funcionamiento de la institución.
