El organismo de control reconoció la existencia de demoras administrativas, vacíos normativos y pérdidas económicas provocadas por la inflación, una situación que complica el cobro de contratados y contratistas, retrasa servicios esenciales y dificulta el normal funcionamiento de la Municipalidad de Villa La Angostura.
La Auditoría Municipal emitió el Dictamen N.º 047-AUD-2026 sobre el proyecto de Régimen de Eficiencia, Simplificación y Ordenamiento de los Procedimientos Administrativos Municipales y respaldó varios de los argumentos centrales planteados por el Departamento Ejecutivo, al reconocer la existencia de serias dificultades administrativas que afectan la gestión diaria del municipio.
El informe advierte sobre una problemática que se ha profundizado en los últimos meses y que impacta directamente en el normal funcionamiento de la administración pública, generando retrasos en la tramitación de contratos y dificultades para que contratados, proveedores y contratistas puedan percibir sus pagos en tiempo y forma.
La Auditoría sostuvo que la aplicación práctica de las ordenanzas 4269/2025 y 4274/2025 provocó dilaciones administrativas, vacíos regulatorios y demoras en los procesos de contratación, afectando la ejecución de políticas públicas, la prestación de servicios y la capacidad operativa del Estado municipal.
Uno de los puntos centrales del dictamen es la necesidad de garantizar la continuidad administrativa durante los períodos de receso legislativo. El organismo considera indispensable establecer mecanismos que eviten la paralización de decisiones vinculadas a servicios públicos, obras y adquisiciones esenciales cuando el Concejo Deliberante no se encuentra en actividad.
Además, el informe advierte que los montos fijados por la Ordenanza 4274/2025 quedaron rápidamente desactualizados por el impacto de la inflación, generando distorsiones en los procesos de compras y contrataciones municipales.
La Auditoría también señaló que la ausencia de plazos definidos para el tratamiento legislativo de expedientes vinculados a contrataciones, presupuesto y Código Tarifario genera una fuerte incertidumbre institucional y dificulta la planificación financiera y administrativa del municipio.
Otro de los aspectos abordados en el dictamen está relacionado con los concursos de precios.
- El organismo sostuvo que este mecanismo debe conservar su naturaleza ágil y no incorporar exigencias que desvirtúen su finalidad original, ya que ello termina demorando aún más los procedimientos administrativos.
Asimismo, consideró razonable que la existencia de un único oferente no sea un impedimento automático para adjudicar una contratación, siempre que se hayan cumplido todos los requisitos técnicos, legales, de publicidad y concurrencia establecidos por la normativa vigente.
La Auditoría también recomendó precisar el concepto de fraccionamiento o desdoblamiento de contrataciones para evitar interpretaciones que puedan limitar indebidamente la contratación de profesionales, artistas, capacitadores y otros servicios que, por su naturaleza, son individuales y no constituyen una unidad económica divisible.
En el dictamen, además, se deja expresamente establecido que el proyecto impulsado por el Ejecutivo no implica eliminar ni restringir las facultades del Concejo Deliberante, sino organizar los tiempos institucionales para alcanzar un equilibrio entre los mecanismos de control, la participación y la eficiencia administrativa.
Uno de los puntos más sensibles del informe hace referencia al impacto económico de las demoras. La Auditoría advirtió que, en un contexto inflacionario, la prolongación de los procedimientos administrativos provoca una pérdida concreta de recursos públicos y reduce la capacidad del Estado para sostener servicios esenciales e impulsar inversiones.
De esta manera, el organismo de control convalidó gran parte del diagnóstico realizado por el Departamento Ejecutivo, que desde hace meses viene planteando la necesidad de modificar los procedimientos administrativos para evitar que las demoras burocráticas continúen afectando el pago a contratados y contratistas, retrasando obras, servicios y el funcionamiento cotidiano de la Municipalidad de Villa La Angostura.
