El concejal Héctor Vénica impulsa un proyecto que busca establecer un procedimiento específico para detectar y sancionar el transporte oneroso de pasajeros sin habilitación municipal. La iniciativa surge luego de que la Jueza de Faltas desestimara todas las infracciones labradas por no estar acreditado el cobro del viaje. Se estima que en la localidad circulan alrededor de 40 vehículos que trabajan mediante plataformas digitales, frente a unos 100 taxis y remises habilitados.
El crecimiento de los servicios de transporte de pasajeros mediante plataformas digitales y de los denominados “taxis truchos” volvió a instalar el debate en Villa La Angostura. En ese contexto, el concejal de Juntos por el Cambio, Héctor Vénica, presentó un proyecto de ordenanza que busca dotar al municipio de una herramienta legal para fiscalizar y sancionar a quienes prestan este tipo de servicios sin la correspondiente habilitación comercial.
La iniciativa surge luego de que la Jueza Municipal de Faltas rechazara todas las infracciones labradas hasta el momento por los inspectores de Tránsito al considerar que no se había podido acreditar uno de los elementos esenciales de la infracción: la existencia de un transporte oneroso, es decir, que el viaje fuera realizado a cambio de un pago.
Esta situación dejó sin efecto las actuaciones realizadas por el municipio y evidenció la necesidad de establecer un procedimiento claro y jurídicamente sólido que permita reunir las pruebas necesarias para sancionar a quienes operan fuera del sistema legal.
Crece la preocupación por el avance de Uber
Actualmente, en Villa La Angostura funcionan aproximadamente un centenar de vehículos habilitados entre taxis y remises que cumplen con todas las exigencias municipales, como licencias comerciales, seguros específicos, revisiones técnicas y controles periódicos.
Sin embargo, desde el área de Transporte ya fueron detectados cerca de 40 vehículos que realizan viajes mediante plataformas como Uber o de manera informal, sin contar con habilitación municipal.
El crecimiento de estos servicios ha generado reiterados reclamos por parte de taxistas y remiseros, quienes sostienen que existe una competencia desleal debido a que los conductores de aplicaciones no afrontan los costos, impuestos y requisitos que exige la normativa vigente.
El problema: probar que existe un viaje pago
El eje central del proyecto radica en resolver el principal obstáculo que encontraron hasta ahora los inspectores municipales al momento de labrar infracciones.
Según explicó Vénica en los fundamentos de la iniciativa, la mayor dificultad consiste en demostrar que el traslado de pasajeros es realizado mediante el pago de una tarifa.
“No todo transporte de personas constituye una infracción”, sostiene el proyecto, que aclara que para configurar la falta deben reunirse simultáneamente tres requisitos:
- que exista transporte de pasajeros;
- que el servicio sea oneroso, es decir, con contraprestación económica;
- y que quien lo realiza carezca de la habilitación municipal correspondiente para funcionar como taxi o remís.
Si alguno de esos elementos no puede probarse, la infracción carece de sustento legal.
Precisamente ese fue el argumento utilizado por la Jueza de Faltas para desestimar las actuaciones realizadas hasta el momento.
Una metodología para reunir pruebas
Con el objetivo de evitar nuevos rechazos judiciales, el proyecto propone una guía de actuación para los inspectores municipales.
El procedimiento comenzaría mediante una resolución administrativa del Director de Tránsito autorizando expresamente el operativo de fiscalización.
Posteriormente, el inspector deberá localizar al conductor que ofrece el servicio, ya sea a través de una aplicación móvil, un número telefónico, publicaciones en redes sociales, folletos o cualquier otro medio utilizado para captar pasajeros.
La propuesta establece que el inspector deberá solicitar el viaje exactamente como lo haría cualquier usuario.
Para garantizar la transparencia del procedimiento, deberán participar dos testigos mayores de edad, preferentemente domiciliados en Villa La Angostura, quienes presenciarán todo el operativo.
Una vez solicitado el viaje, el inspector dejará constancia de la aceptación del servicio, del precio pactado, del origen y destino acordados y de toda la información disponible, incluyendo la marca del vehículo y su patente.
El contrato se perfecciona cuando aceptan el viaje
Uno de los principales fundamentos jurídicos del proyecto está basado en el Código Civil y Comercial de la Nación.
Vénica sostiene que el contrato de transporte de pasajeros tiene carácter consensual, por lo que queda perfeccionado desde el mismo momento en que una persona solicita el servicio y el conductor acepta realizarlo.
Es decir, para el concejal no resulta necesario que el pasajero efectivamente suba al vehículo o que el viaje concluya para demostrar la existencia del contrato de transporte oneroso.
Sobre esa base jurídica pretende construirse el nuevo procedimiento de fiscalización.
Cómo actuarán los inspectores
Cuando el vehículo llegue al lugar acordado, el inspector procederá a identificar al conductor y solicitará la habilitación municipal correspondiente para prestar el servicio.
Si el conductor no cuenta con la licencia de taxi o remís, se labrará inmediatamente el acta de infracción.
El proyecto también contempla situaciones especiales.
Si el conductor se niega a identificarse, desconoce haber aceptado el viaje o intenta escapar del lugar, el inspector deberá dejar constancia de esa actitud en el acta.
Incluso, la negativa a colaborar podrá ser considerada un agravante al momento de aplicar la sanción correspondiente.
Asimismo, si el presunto infractor se niega a firmar el acta o se da a la fuga, esa circunstancia también quedará asentada formalmente.
Debate con la Justicia de Faltas y el Ejecutivo
Vénica adelantó que el proyecto será analizado junto a los restantes concejales, la jueza municipal de Faltas, Soledad Aldea, y el director municipal de Transporte, con el objetivo de consensuar un procedimiento que permita actuar dentro del marco legal y evitar que las futuras infracciones vuelvan a ser desestimadas.
La intención del edil es que la ordenanza establezca un protocolo uniforme para todas las inspecciones y otorgue mayor respaldo jurídico a los controles municipales.
De prosperar la iniciativa, el municipio contará con una nueva herramienta para combatir el funcionamiento de Uber y del transporte clandestino de pasajeros, una problemática que genera un creciente conflicto con los trabajadores del servicio habilitado y que, según estimaciones oficiales, ya involucra a unas 40 unidades que operan de manera irregular en Villa La Angostura frente a los cerca de 100 taxis y remises autorizados.
