Sr. Director:
Qué está en juego para Villa La Angostura con la reforma de la Ley de Tierras
El 6 de agosto el Senado vuelve a sesionar para definir si Argentina elimina el límite a la compra de tierras rurales por extranjeros. La decisión afecta directamente a Neuquén, y en particular a Villa La Angostura y la región andina, donde el agua, los bosques y los lagos forman parte del patrimonio natural y estratégico de la provincia.
De qué se trata
Desde hace meses, el gobierno nacional busca sancionar en el Senado el proyecto denominado “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”. Redactado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, e impulsado por el Poder Ejecutivo y el bloque oficialista de Javier Milei, el texto propone, entre otras reformas, modificar la actual Ley de Tierras Rurales (26.737).
No es el primer intento. En 2023, Sturzenegger ya había procurado derogar la ley mediante un decreto (el DNU 70/2023) cuya aplicación fue frenada por la Justicia. Desde marzo de este año, además, el proyecto acumuló tres sesiones frustradas en el Senado. El próximo jueves 6 de agosto el oficialismo volverá a intentar su aprobación.
La Ley vigente, sancionada en 2011, establece que ninguna persona o empresa extranjera puede poseer más del 15% de las tierras rurales del país, con el mismo límite por provincia y por departamento, y un máximo del 30% de esa superficie para una misma nacionalidad. También protege especialmente las tierras que bordean cuerpos de agua permanentes (ríos, arroyos, lagos, lagunas, etc.), glaciares y zonas de frontera. Esta regulación surgió como respuesta al acelerado proceso de adquisición de grandes extensiones del territorio argentino por parte de capitales extranjeros durante la década de 1990.
La reforma propone eliminar el límite nacional del 15% y delega esa decisión en las provincias, que podrían no fijar ningún tope. También flexibiliza la Ley de Manejo del Fuego (26.815) habilitando la posibilidad de que se venda o cambie el uso de terrenos incendiados, incluso en zonas protegidas, y elimina las restricciones para adquirir tierras ubicadas en zonas de seguridad de frontera, un criterio históricamente vinculado a la protección de la soberanía y de recursos estratégicos.
Frente a esta propuesta, numerosas organizaciones sociales, ambientales, religiosas y políticas advierten que, sin un piso de protección nacional, el resguardo del territorio dependerá de la voluntad política de cada provincia, debilitando peligrosamente las garantías para preservar el patrimonio natural del país.
Este lunes 3 de agosto, a tres días de la sesión decisiva, el oficialismo anunció una concesión: en lugar de eliminar el límite del 15% a la propiedad extranjera de tierras rurales, propuso elevarlo al 25% “por provincia”. Sin embargo, se trata de una modificación engañosa. La ley vigente fija ese mismo límite en tres escalas (nacional, provincial y departamental), mientras que el nuevo borrador solo lo mantiene a nivel provincial. En la práctica, un mismo propietario podría concentrar grandes extensiones dentro de un departamento sin superar el 25% de la superficie provincial. Por ejemplo, si adquiriera las áreas rurales de Villa La Angostura, Nahuel Huapi Norte y El Correntoso, controlaría apenas el 4,5% del territorio neuquino, pero abarcaría una parte sustancial del departamento Los Lagos, donde se concentran algunos de los principales recursos hídricos y turísticos de la provincia. Además, el resto de los puntos más cuestionados del proyecto, como la eliminación del límite de 1.000 hectáreas en la zona núcleo y la flexibilización de la Ley de Manejo del Fuego, permanecen sin modificaciones.
Algunos antecedentes alarmantes
La ley vigente, sancionada en 2011, no surgió en abstracto. Fue la respuesta a un proceso de concentración de tierras en manos extranjeras que se aceleró durante la década de 1990. Uno de los casos más emblemáticos es el de Lago Escondido, en Río Negro, donde el empresario británico Joe Lewis reunió unas 12.000 hectáreas. Desde hace años, el acceso público al lago permanece restringido, y pese a los fallos judiciales que ordenan garantizarlo, distintas organizaciones denuncian que el ingreso continúa obstaculizado y realizan marchas para exigir su cumplimiento. Asimismo, en 2022 se conoció que jueces federales, funcionarios y directivos del Grupo Clarín habían viajado a la estancia de Lewis, lo que generó denuncias por conflictos de intereses y convirtió a Lago Escondido en símbolo del debate sobre la influencia del poder económico en las instituciones.
Otro ejemplo es el del grupo Benetton, que desde la década de 1990 llegó a reunir cerca de 900.000 hectáreas en la Patagonia, principalmente en Chubut, aunque también en Santa Cruz, Río Negro y Neuquén. La magnitud de esas adquisiciones dio lugar a conflictos territoriales con comunidades mapuches y tuvo uno de sus episodios más dramáticos con la desaparición y muerte de Santiago Maldonado en 2017, durante un operativo de la Gendarmería Nacional (entonces a cargo de la ministra Patricia Bullrich) en el contexto de uno de esos reclamos. La investigación judicial de este caso continúa para establecer las responsabilidades de los funcionarios y efectivos que participaron del operativo en el que Maldonado murió.
En Misiones, la empresa forestal chilena Arauco S.A. posee unas 230.000 hectáreas y es la mayor terrateniente de la provincia. Su expansión también dio lugar a conflictos con comunidades de pueblos originarios que han sufrido amenazas y desplazamientos al mismo tiempo que las empresas forestales avanzan sobre el monte nativo.
El antecedente inmediato de la Ley de Tierras fue, sin embargo, un caso ocurrido en La Rioja. En 2008 el rabino estadounidense Jaime Libersohn compró 200.000 hectáreas en Valle Hermoso, una operación que incluía un pueblo entero, con sus casas, la escuela, la capilla y las principales fuentes de agua. Este escándalo, que fue frenado por el Ministerio del Interior en 2010, fue clave para impulsar la Ley 26.737.
Según un informe reciente del Observatorio de Tierras (UBA-Conicet), elaborado con datos del Registro Nacional de Tierras Rurales, más de 13 millones de hectáreas, cerca del 5% del territorio nacional, ya están en manos extranjeras. El estudio identificó 36 departamentos que superan el límite legal del 15% y cuatro donde la extranjerización excede el 50% de la superficie: Molinos y San Carlos (Salta), General Lamadrid (La Rioja) y Lácar (Neuquén), que incluye San Martín de los Andes, a menos de una hora de Villa La Angostura, donde el 54% de las tierras rurales ya pertenece a propietarios extranjeros.
Es decir, el problema que la Ley de Tierras busca prevenir no es una hipótesis lejana, sino que forma parte de la realidad de nuestra región. Debilitar sus mecanismos de protección implica exponer no solo a la Patagonia, sino también al conjunto del territorio nacional.
Por qué Neuquén y Villa La Angostura están particularmente expuestas
En Neuquén confluyen casi todos los factores que convierten a un territorio en estratégico: Vaca Muerta, una de las mayores reservas de hidrocarburos no convencionales del mundo; abundantes recursos hídricos; bosques nativos; una extensa frontera con Chile; y algunos de los destinos turísticos más valiosos de la Patagonia. En el sur de la provincia existe un fuerte interés inmobiliario por tierras próximas a lagos, bosques y nacientes de agua, como en las localidades de Villa Traful, San Martín de los Andes y Villa La Angostura. Muchas de esas áreas, además, están alcanzadas por el régimen especial de zonas de seguridad de frontera y, en distintos sectores de la cordillera, se superponen con reclamos territoriales de comunidades mapuches.
Villa La Angostura vive del paisaje y del acceso público a ese paisaje: las costas del Nahuel Huapi, el bosque de arrayanes y los cerros constituyen un patrimonio ambiental, social y económico inseparable de la identidad local. El caso de Lago Escondido mostró cómo la concentración de grandes extensiones puede derivar en conflictos por el acceso a bienes de uso público. Si desaparecen los límites a la propiedad extranjera, disputas similares podrían reproducirse en la región. En un mundo marcado por la creciente escasez hídrica, el debate sobre la Ley de Tierras implica quién domina territorios donde confluyen agua, energía, biodiversidad y otros recursos estratégicos.
Cómo viene el trámite político
El proyecto ya acumula quince versiones desde que obtuvo dictamen en mayo. El 16 de julio, el oficialismo consiguió reunir el quórum mínimo de 37 senadores para iniciar la sesión, con el respaldo de los tres senadores neuquinos: Julieta Corroza (La Neuquinidad), Pablo Cervi (La Libertad Avanza, ex UCR) y Nadia Márquez (La Libertad Avanza, ex PRO). Sin embargo, al advertir que no contaba con los votos necesarios para aprobar la iniciativa, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, solicitó un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto, fecha en la que el Senado retomará el debate.
Aunque solo Corroza integra el espacio político del gobernador Rolando Figueroa, la posición del mandatario neuquino puede resultar determinante. En los últimos meses, Figueroa ha mantenido una relación de cooperación con el gobierno de Javier Milei y ha respaldado varias de sus principales iniciativas. En materia de tierras, además, sostuvo públicamente que las decisiones sobre los inmuebles de dominio provincial deben quedar en manos de cada provincia, un argumento que coincide con el planteo de “federalismo” utilizado por el oficialismo para impulsar la reforma. Ese alineamiento político alimenta las expectativas de que los tres senadores por Neuquén acompañen el proyecto, aunque ninguno de ellos confirmó aún cuál será su voto.
Este mismo lunes, en paralelo, Figueroa envió a la Legislatura provincial un proyecto para reformar la Ley 263 de Tierras Fiscales y establecer que esos inmuebles solo puedan venderse o arrendarse a argentinos. La medida permite mostrar una política protectora justo antes de la sesión del 6 de agosto, y podría darles a los senadores neuquinos un argumento para votar a favor de la reforma nacional escudándose en que, “a nivel provincial, la tierra ya está protegida”. Pero su alcance es mucho más acotado de lo que parece: solo rige para tierras fiscales, es decir, las que ya son del Estado provincial, y no para las tierras rurales, que son las que están en juego en la reforma nacional. Tampoco dice nada sobre la Ley de Manejo del Fuego ni sobre el resto de los puntos cuestionados del proyecto de Sturzenegger.
Mientras tanto, más de cincuenta organizaciones sindicales, sociales, de derechos humanos y de pueblos originarios presentaron notas al gobernador y a los tres senadores neuquinos solicitando que rechacen la iniciativa. Además, convocaron a una movilización para el 6 de agosto, a las 17, en el Monumento a San Martín de la ciudad de Neuquén.
Qué puede hacer la comunidad de Villa La Angostura
Todavía hay tiempo para manifestar el rechazo a esta iniciativa. Hacerlo llegar a los responsables neuquinos en el Senado, Julieta Corroza, Pablo Cervi y Nadia Márquez, y al propio gobernador Rolando Figueroa, es hoy la herramienta más concreta que tiene la ciudadanía local para exigir que se mantenga la protección nacional vigente.
En ese marco, para el 6 de agosto también está prevista una marcha en todo el país, que en Villa La Angostura tendrá como punto de encuentro la Plaza San Martín a las 18 horas. Porque una vez que una protección se elimina, recuperarla suele ser mucho más difícil. La defensa del territorio empieza antes de que el territorio se pierda.
Leonel Salomón Tribilsi
DNI 30.067.794
Villa la Angostura
