Equipos académicos, investigadores y organizaciones sociales de la región cuestionaron las declaraciones realizadas por la senadora nacional por Neuquén durante la sesión del 6 de agosto. Afirmaron que sus expresiones contienen “omisiones estigmatizantes” sobre las comunidades mapuches Quintriqueo-Melo y Paichil Antriao y reclamaron el respeto de la legislación vigente sobre los derechos de los pueblos originarios.
Un amplio grupo integrado por miembros de la comunidad científica, equipos académicos y organizaciones sociales de la región expresó públicamente su repudio a las declaraciones de la senadora nacional por Neuquén Nadia Márquez, representante de La Libertad Avanza, durante su intervención en la sesión ordinaria del Senado realizada el pasado 6 de agosto.
El pronunciamiento cuestiona especialmente la manera en que la legisladora se refirió a distintos conflictos territoriales vinculados con comunidades mapuches de Villa La Angostura y la zona norte del lago Nahuel Huapi. Los firmantes sostienen que Márquez incurrió en “sugestivas omisiones estigmatizantes” y que desconoció antecedentes históricos, reconocimientos oficiales y normas nacionales e internacionales relacionadas con los derechos de los pueblos originarios.
El cuestionamiento por el caso Quintriqueo-Melo
Uno de los puntos centrales del documento está relacionado con las expresiones de Márquez sobre unas 600 hectáreas ubicadas en cercanías de Villa La Angostura.
Según señalaron los firmantes, durante su exposición la senadora indicó que la propietaria, identificada como Broers, había adquirido esas tierras y sostuvo que en 2012 la propiedad fue usurpada por “grupos autodenominados mapuche”.
Los investigadores y organizaciones rechazaron esa caracterización y afirmaron que el episodio debe ser considerado como un “proceso de resguardo territorial” y no como una toma de tierras, al sostener que el área forma parte del territorio ancestral de la comunidad Quintriqueo-Melo.
También señalaron que existen antecedentes documentados sobre la expulsión de integrantes de esa comunidad de sectores ubicados sobre la costa norte del lago Nahuel Huapi en 1966, después del golpe de Estado ocurrido ese año.
De acuerdo con el comunicado, aquellos acontecimientos tuvieron consecuencias trágicas y derivaron en la muerte de Marcos Melo, quien era titular de la población.
La Ruta de Circunvalación de Villa La Angostura
El segundo cuestionamiento está relacionado con las referencias de la senadora al conflicto originado por la construcción de la Ruta de Circunvalación de Villa La Angostura.
Los firmantes objetaron nuevamente la utilización de la expresión “grupos autodenominados mapuche” y señalaron que la controversia involucra al Lof Paichil Antriao, comunidad reconocida por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) mediante la Resolución 220/07, del 6 de junio de 2007.
Asimismo, destacaron que la comunidad fue alcanzada por el relevamiento establecido en el marco de la Ley Nacional 26.160 de Emergencia Territorial Indígena.
En relación con las obras de la Circunvalación, el documento sostiene que los trabajos fueron iniciados dentro de territorio reclamado por la comunidad sin haberse cumplido con el derecho a consulta.
Aclararon, además, que la actual paralización de la obra no obedecería a ese conflicto territorial, sino al desfinanciamiento dispuesto por el Gobierno nacional, según sostienen los autores del pronunciamiento.
El conflicto por el camping del Correntoso
Otro de los temas abordados es el prolongado litigio entre la Municipalidad de Villa La Angostura y la comunidad Paichil Antriao por el predio del camping ubicado junto al lago Correntoso.
En este punto, los firmantes cuestionaron que Márquez no haya mencionado los antecedentes históricos de las tierras reclamadas por la comunidad.
Según explicaron, se trata de territorios que fueron entregados oficialmente en 1902 a los caciques José María Paichil e Ignacio Antriao, durante el proceso de conformación de la Colonia Agrícola Pastoril Nahuel Huapi.
También respondieron a las críticas de la senadora respecto de las instancias de diálogo impulsadas por el intendente de Villa La Angostura en torno al conflicto.
Para los autores del documento, el diálogo no solo constituye un mecanismo para buscar soluciones a las controversias, sino que forma parte de los derechos reconocidos a los pueblos indígenas por distintas normas vigentes en la Argentina.
“Además de un derecho consagrado en las legislaciones, es un mecanismo democrático para procesar conflictos”, señalaron.
Reclaman responsabilidad en el tratamiento de los conflictos
En la parte final del pronunciamiento, científicos y organizaciones expresaron su rechazo a lo que definieron como “omisiones estigmatizantes” en el discurso de la representante neuquina en el Senado.
También cuestionaron el desconocimiento de las normativas vigentes y recordaron que las comunidades mencionadas cuentan con distintos antecedentes de reconocimiento por parte del Estado nacional a través del INAI.
Los firmantes convocaron a los medios de comunicación, funcionarios y a la sociedad en general a tratar los conflictos territoriales indígenas “con la complejidad y responsabilidad que se merece”.
Además, exigieron el cumplimiento efectivo de las normas nacionales e internacionales que reconocen derechos a los pueblos originarios.
Entre ellas mencionaron el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, las constituciones provinciales —entre ellas la de Neuquén—, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de Estados Americanos.
Las organizaciones que acompañan el pronunciamiento
El documento fue suscripto por la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer de Villa La Angostura; el Núcleo Argentino de Antropología Rural (NADAR); la Cátedra de Extensión Rural del Centro Regional Universitario San Martín de los Andes de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo); y el programa “Etnicidades y territorios en redefinición” del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
También adhieren el Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes (IESCT-UNQ); el Programa de Arqueología Histórica y Estudios Pluridisciplinarios (PROARHEP), del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Luján; y el Laboratorio de Investigaciones en Antropología Social (LIAS), perteneciente a la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata.
De esta manera, el pronunciamiento reunió a organizaciones de Villa La Angostura y equipos científicos y académicos de distintas universidades nacionales, que salieron públicamente al cruce de las expresiones de Márquez y reclamaron que el debate sobre los conflictos territoriales mapuches contemple tanto sus antecedentes históricos como el marco jurídico vigente.
