Virgilio Sánchez analizó en el noticiero de Angostura Digital Televisión la situación judicial tras el operativo realizado la semana pasada. Afirmó que el desalojo no puede continuar hasta que se expida la Cámara de Apelaciones, cuestionó la titularidad dominial invocada por la contraparte y anticipó que pedirá medidas judiciales contra quienes permanecen en el sector que ocupaba la comunidad Quintriqueo.
El abogado Virgilio Sánchez, representante de las comunidades Quintriqueo y Melo, se refirió en una extensa entrevista con el noticiero de Angostura Digital Televisión a la situación judicial que quedó planteada después del operativo de desalojo realizado la semana pasada en Villa La Angostura.
El letrado sostuvo que la diligencia quedó frustrada al no poder concretarse completamente y afirmó que, además, existe una apelación concedida con efecto suspensivo en otra causa judicial que, según su interpretación, impide continuar con el desalojo hasta que se pronuncie la Cámara de Apelaciones.
Sánchez también volvió a poner en discusión la situación dominial del inmueble, cuestionó la documentación presentada por la contraparte y afirmó que existiría una operación de venta del lote que, a su criterio, debió ser informada al expediente.
“No se puede hacer un desalojo a medias”
Uno de los primeros puntos abordados durante la entrevista fue lo sucedido durante el operativo que terminó con el retiro de integrantes de la comunidad Quintriqueo, mientras que la comunidad Melo permaneció en el lugar.
“La información que hay es que, en principio, el juez suspendió el desalojo porque la diligencia fue frustrada. No se puede hacer un desalojo a medias”, explicó Sánchez.
Según el abogado, los territorios ocupados por Quintriqueo y Melo se encuentran físicamente unidos, aunque existen acuerdos internos mediante los cuales ambas comunidades reconocen los espacios que corresponden a cada una.
En ese contexto, cuestionó que la orden haya alcanzado al Lof Melo.
“La comunidad Melo ni siquiera está demandada en el juicio”, aseguró Sánchez, quien sostuvo que no puede considerársela simplemente como ocupante del lugar debido a los vínculos históricos y familiares que mantiene con esas tierras.
El abogado recordó que integrantes de la familia Melo tienen allí enterrados a sus familiares y sostuvo que existe una historia de ocupación que, desde su perspectiva, debe ser considerada al momento de resolver la controversia.
La diferencia entre el interdicto y la discusión sobre la propiedad
Sánchez hizo especial hincapié en diferenciar el expediente que derivó en el desalojo de otro proceso judicial iniciado por las comunidades.
Explicó que el primero corresponde a un interdicto de recobrar, una herramienta jurídica destinada a recuperar la posesión, y sostuvo que en ese procedimiento no se determina quién tiene finalmente el derecho de propiedad sobre el inmueble.
“Es un juicio donde no se discutió absolutamente nada” respecto del dominio, afirmó.
Paralelamente, explicó que las comunidades impulsaron una acción declarativa de certeza con la intención de que la Justicia determine si las tierras corresponden al territorio comunitario que reivindican.
La discusión por la titularidad del lote
Otro de los puntos centrales de la entrevista estuvo relacionado con la documentación existente sobre el inmueble.
Sánchez cuestionó que se utilicen constancias catastrales para acreditar la propiedad y sostuvo que debe diferenciarse esa documentación de la información que surge del Registro de la Propiedad Inmueble.
“El catastro no determina titularidad”, afirmó.
Según explicó el abogado, una inscripción catastral tiene finalidades administrativas y tributarias, pero, a su entender, no reemplaza el título ni la inscripción registral necesaria para acreditar el dominio de un inmueble.
A partir de esa interpretación, Sánchez sostuvo que la familia Broers no tendría actualmente inscripto el dominio a su nombre y aseguró que existe información sobre una eventual venta del inmueble a terceros.
Estas afirmaciones forman parte de la posición de la defensa de las comunidades y son uno de los aspectos que continúan bajo discusión dentro de los distintos expedientes judiciales.
Sánchez cuestionó una presunta venta del inmueble
El abogado planteó además que, de haberse concretado una venta antes del desalojo, esa circunstancia debió ser comunicada al juez.
“Si ellos vendieron esa tierra antes de llevar adelante el desalojo, tendrían que haber informado esa situación”, afirmó.
Para Sánchez, una eventual transferencia podría tener consecuencias sobre la legitimación de quienes impulsaron originalmente el interdicto.
También sostuvo que las personas que ingresaron al sector luego del retiro de Quintriqueo no serían integrantes de la familia Broers, circunstancia sobre la que dijo haber solicitado explicaciones judiciales.
Pide que se retiren quienes ingresaron al sector de Quintriqueo
Sánchez afirmó que presentó un escrito solicitando al juez que ordene el retiro inmediato de las personas que ingresaron al espacio que ocupaba Quintriqueo.
Según explicó, luego de la frustrada diligencia la contraparte pidió una aclaración al juez para que reconociera que una parte del territorio ya había sido recuperada y que solamente restaba desalojar a Melo.
Sin embargo, siempre de acuerdo con el relato de Sánchez, el juez rechazó ese planteo y habría ordenado el retiro de los actores.
“Si fuera cierta la versión de que ya tomaron posesión, entonces ¿por qué el juez les dice que se retiren?”, planteó el abogado.
Sánchez aseguró que solicitó judicialmente que esa orden sea cumplida bajo apercibimiento de formular una denuncia por presunta desobediencia judicial.
Una apelación que, según Sánchez, frenaría el desalojo
El abogado explicó además que había solicitado hace aproximadamente un año una medida cautelar para suspender cualquier desalojo mientras se resolviera la acción ordinaria iniciada por las comunidades.
Según relató, esa cautelar fue rechazada después de que se ordenara el operativo, decisión que posteriormente apeló.
El punto que Sánchez considera determinante es que esa apelación habría sido concedida con efecto suspensivo.
“Cuando se concede en términos suspensivos quiere decir que se suspende la resolución que dictó el juez hasta que la Cámara de Apelaciones resuelva”, explicó.
A partir de esa interpretación procesal, el abogado considera que el desalojo no puede continuar hasta que exista un pronunciamiento de la Cámara.
“Para mí estamos en condiciones de parar este desalojo”, aseguró durante la entrevista.
El relevamiento territorial de 2023, otro punto central
Sánchez también recordó que en 2023 el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) concluyó el relevamiento territorial correspondiente a la comunidad Quintriqueo.
Según el abogado, ese acto administrativo reconoció la ocupación actual, tradicional y pública de las tierras relevadas y constituye una de las principales pruebas presentadas por la comunidad en el juicio ordinario.
El letrado señaló que, frente a ese nuevo escenario, planteó ante la Justicia que existían circunstancias posteriores a la sentencia del interdicto que debían ser consideradas antes de ejecutar el desalojo.
Fue entonces, según explicó, cuando se promovió la vía ordinaria para discutir el derecho sobre las tierras.
Provincia y Nación forman parte del otro expediente
Sánchez indicó que en esa causa fueron incorporados tanto el Estado provincial como el Estado nacional.
Explicó que el juez dispuso integrar la controversia con ambos Estados y que las correspondientes demandas fueron notificadas y contestadas.
En ese sentido, cuestionó la postura del gobierno neuquino de caracterizar el conflicto como una controversia exclusivamente entre privados.
El abogado recordó que la Provincia participó en los trabajos vinculados con el relevamiento territorial indígena, incluyendo tareas de campo y la elaboración de documentación que posteriormente fue remitida a Nación.
Por ese motivo consideró que el Estado provincial no puede mantenerse ajeno a la controversia.
Anticipó nuevas presentaciones judiciales
Durante la entrevista, Sánchez también lanzó fuertes cuestionamientos contra el abogado de la contraparte, Guillermo Hensel, a quien acusó de no haber informado al expediente una presunta venta del inmueble.
El representante de las comunidades anticipó que analiza impulsar presentaciones penales vinculadas con esa situación. Se trata, hasta el momento, de acusaciones formuladas por Sánchez que deberán eventualmente ser evaluadas por la Justicia y no de hechos judicialmente acreditados.
Paralelamente, adelantó que buscarán acelerar la acción ordinaria iniciada el año pasado, expediente en el que aseguró haber presentado relevamientos territoriales, estudios antropológicos y otra documentación destinada a demostrar la relación histórica de las comunidades con las tierras en disputa.
Sánchez cuestionó finalmente los distintos tiempos que, según su evaluación, tuvieron ambos expedientes: mientras la ejecución del interdicto avanzó rápidamente hacia el desalojo, sostuvo que la causa promovida por las comunidades permaneció durante alrededor de un año sin que se resolviera la cautelar solicitada.
Ahora la atención estará puesta en dos decisiones: por un lado, qué resolverá el juez respecto de la continuidad o suspensión definitiva de la diligencia y del pedido para que se retiren quienes ingresaron al sector; y por otro, qué determinará la Cámara de Apelaciones sobre la cautelar presentada por las comunidades.
Para Sánchez, esa resolución será determinante en un conflicto territorial y judicial que está lejos de haber concluid.
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