El Gobierno de Neuquén sancionó a Movistar por incumplir el derecho de los usuarios a recibir un trato digno y equitativo. La medida surgió tras reiterados reclamos de vecinos de Caviahue, Loncopué y El Huecú por intermitencias y falta de conectividad. La multa asciende a $241.923.192 y será actualizada al momento del pago.
El Gobierno de la provincia del Neuquén aplicó una multa superior a los 241 millones de pesos a Movistar, luego de constatar deficiencias en la prestación de los servicios de telefonía e internet y considerar que la empresa incumplió el derecho de los consumidores y usuarios a recibir un trato digno y equitativo.
La sanción se encuadra en el artículo 8 Bis de la Ley Nacional de Defensa del Consumidor N° 24.240 y fue aplicada luego de una actuación de la Dirección Provincial de Protección al Consumidor, dependiente del Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos.
Reclamos por problemas de conectividad
La intervención provincial se originó a partir de reiterados reclamos de vecinos y usuarios de Caviahue, Loncopué y El Huecú, quienes denunciaron constantes interrupciones y deficiencias en los servicios de telefonía e internet.
Ante esta situación, Protección al Consumidor inició una inspección de oficio y realizó distintas actas de constatación en las localidades afectadas.
Durante esos procedimientos, los inspectores verificaron que el servicio se prestaba de manera deficiente y que, en algunos casos, directamente era nulo.
Los inconvenientes generaban consecuencias que excedían la imposibilidad de realizar una llamada o navegar por internet. Entre las dificultades denunciadas se encontraban problemas para utilizar billeteras virtuales, efectuar comunicaciones ante situaciones de inseguridad, desarrollar actividades laborales y comerciales y acceder a prestaciones vinculadas con el turismo.
A ello se sumó otra situación considerada relevante por el organismo provincial: ante la falta de conectividad, los propios usuarios tampoco podían utilizar los canales telefónicos habilitados por la compañía para efectuar sus reclamos.
Una multa de más de 241 millones
Tras analizar las actuaciones, la Dirección Provincial de Protección al Consumidor determinó que correspondía aplicar una sanción por incumplimiento del artículo 8 Bis de la Ley de Defensa del Consumidor.
La normativa establece que los proveedores deben garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo a consumidores y usuarios.
El organismo provincial consideró que la falta de conectividad, sumada a las dificultades para acceder a canales adecuados que permitieran formular y resolver los reclamos, colocó a los usuarios en una situación de indefensión y tuvo consecuencias directas sobre su vida cotidiana.
La sanción impuesta equivale a 147 Canastas Básicas Totales correspondientes a un hogar tipo 3, lo que representa actualmente $241.923.192.
Sin embargo, esa cifra no será necesariamente el monto definitivo: el valor de la multa será actualizado al momento en que se efectúe el pago, tomando como referencia la Canasta Básica Total vigente publicada por el Indec.
Desde el Gobierno provincial señalaron que la medida busca garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos establecidos por la legislación de defensa del consumidor y remarcaron que las empresas deben brindar respuestas y condiciones de atención dignas y equitativas independientemente de la localidad en la que residan sus usuarios.
