La Delegación Villa La Angostura del Colegio de Abogados y Procuradores presentó una nota ante el Concejo Deliberante en la que manifestó su oposición al proyecto que busca modificar la Ordenanza 3302/2017.
El Colegio de Abogados y Procuradores de Villa La Angostura manifestó formalmente su oposición al proyecto de modificación de la Ordenanza 3302/2017, correspondiente al Código de Edificación, que propone restringir la documentación admitida para acreditar derechos sobre un inmueble ante la Dirección de Obras Particulares.
La presentación fue realizada el pasado 3 de septiembre ante el Concejo Deliberante y lleva la firma de Macarena Morcella, delegada local del Colegio de Abogados y Procuradores.
Según plantea la entidad, de aprobarse la modificación en los términos propuestos, se reducirían significativamente los instrumentos actualmente aceptados para realizar trámites ante Obras Particulares, quedando la escritura como principal vía para acreditar el dominio y excluyendo o limitando documentación utilizada habitualmente, como boletos de compraventa, declaratorias de herederos y otros instrumentos vinculados con procesos de regularización dominial.
Desde el Colegio reconocieron como válido el objetivo de otorgar una mayor certeza respecto de la situación jurídica de los inmuebles, pero advirtieron que una modificación de estas características podría generar consecuencias para numerosas familias de Villa La Angostura.
“Si bien el objetivo de dar mayor certeza dominial es válido, creemos que una restricción tan abrupta podría afectar familias en sucesiones en trámite, compradores de buena fe y beneficiarios de planes sociales”, señalaron desde la institución.
Cuestionamientos jurídicos
Entre los fundamentos expuestos en la extensa presentación, el Colegio sostiene que la modificación planteada podría entrar en contradicción con disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación y con el principio de jerarquía normativa.
También advierte sobre una posible afectación de derechos vinculados con la propiedad y el acceso a una vivienda digna, haciendo referencia a garantías contempladas por la Constitución Nacional y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La entidad remarcó especialmente la realidad dominial existente en Villa La Angostura, donde numerosos vecinos poseen, adquirieron o construyeron sobre inmuebles cuya situación jurídica todavía se encuentra en proceso de regularización.
En ese universo se incluyen, entre otros casos, sucesiones en trámite, procesos de escrituración pendientes, prescripciones adquisitivas —usucapiones— y operaciones instrumentadas mediante boletos de compraventa.
El Colegio sostiene que la existencia de estos procesos pendientes no implica por sí misma que los vecinos se encuentren en una situación irregular y considera que impedirles acreditar sus derechos mediante documentación actualmente admitida podría generar dificultades para realizar trámites relacionados con sus viviendas y construcciones.
Piden abrir el debate antes de modificar la ordenanza
Por esos motivos, la institución solicitó al Concejo Deliberante que rechace el proyecto de modificación en los términos en los que fue presentado y que, antes de avanzar con cambios al Código de Edificación, se abra una instancia más amplia de consulta y participación.
En particular, pidió convocar a los colegios profesionales vinculados con la temática, entre ellos abogados, escribanos y arquitectos, además de organizaciones vecinales y sociales cuyos integrantes podrían verse alcanzados por la modificación.
La presentación sostiene que una reforma de estas características requiere analizar no solamente el objetivo de brindar mayor seguridad jurídica sobre los inmuebles, sino también las consecuencias prácticas que tendría para quienes todavía no cuentan con una escritura definitiva pese a poseer otros instrumentos que respaldan sus derechos.
De esta manera, el Colegio de Abogados y Procuradores de Villa La Angostura reclamó que el debate continúe antes de que el Concejo Deliberante adopte una decisión definitiva sobre la modificación de la Ordenanza 3302/2017.
