El abogado penalista alertó sobre el crecimiento del narcomenudeo en Villa La Angostura y cuestionó que personas condenadas por delitos vinculados con drogas cumplan prisión domiciliaria. Aseguró que la falta de controles permite que algunos continúen organizando la venta desde sus viviendas. También respaldó la lucha de “Mamás en Acción”, que ya reúne a más de 60 familiares preocupados por el consumo entre adolescentes.
El avance de la venta y el consumo de drogas entre adolescentes y jóvenes de Villa La Angostura encendió nuevas señales de alarma. El abogado penalista Cristian Pettorosso aseguró que uno de los problemas más preocupantes es que personas alcanzadas por condenas o procesos judiciales vinculados con la comercialización de estupefacientes terminan cumpliendo medidas en sus domicilios y, según afirmó, algunas continúan manejando desde allí la distribución de drogas.
Pettorosso realizó las declaraciones durante una extensa entrevista con el noticiero de Angostura Digital Televisión, en la que analizó la problemática del narcomenudeo y destacó la tarea de “Mamás en Acción”, la organización conformada por madres, padres, abuelas, tías y otros familiares de jóvenes afectados por las adicciones.
El grupo, que ya reúne a más de 60 personas, decidió romper el silencio y aportar información sobre quienes presuntamente venden drogas a adolescentes, además de reclamar respuestas concretas de la Justicia, la Policía y el sistema de Salud.
“Los mandan a la casa y en la casa siguen vendiendo”
Uno de los cuestionamientos centrales de Pettorosso estuvo dirigido a las consecuencias de la crisis de alojamiento en las unidades de detención de Neuquén.
El abogado sostuvo que la falta de cupos carcelarios provoca que personas que, a su criterio, deberían permanecer alojadas en establecimientos penitenciarios terminen bajo arresto o prisión domiciliaria.
“Cometen un delito grave y los mandan a la casa, un arresto domiciliario, una prisión domiciliaria”, afirmó.
Según Pettorosso, el inconveniente no termina allí. Advirtió que los controles estatales sobre el cumplimiento de esas medidas son insuficientes y aseguró que existen casos en los que la actividad delictiva continúa desde el propio domicilio.
“No hay controles de oficio del Estado adecuados para mantener esos presidiarios dentro del domicilio”, señaló. Y agregó: “Siguen operando con la misma libertad que antes”.
Más adelante fue todavía más explícito sobre la modalidad que, según aseguró, se registra en la localidad: “En la casa siguen vendiendo. Por más que no puedan salir, que algunos salen, llaman a los soldaditos, a los distribuidores, los citan en la casa y siguen con la organización de la misma manera”.
A partir de esa situación, reclamó más infraestructura penitenciaria. “No podemos tener delincuentes alojados en las casas. Se necesitan construir más cárceles, más unidades de detención, y eso es una deuda que tiene el Estado provincial para con la sociedad”, afirmó.
Las expresiones corresponden al análisis y las denuncias formuladas por Pettorosso; la situación procesal, modalidad de cumplimiento de pena y restricciones impuestas a cada persona dependen de las resoluciones judiciales de cada expediente.
Una venta que, según advierte, está “a la vista de todos”
Pettorosso señaló que la comercialización de drogas no distingue niveles socioeconómicos. Sin embargo, explicó que en determinados barrios el narcomenudeo adquiere una mayor visibilidad por el movimiento nocturno de personas, automóviles y motocicletas.
“No vamos a estigmatizar a nadie”, aclaró, aunque aseguró que hay sectores donde desde las 20 o 21 y hasta las 3 o 4 de la madrugada el movimiento vinculado presuntamente con la venta resulta evidente para los vecinos.
“Es muy difícil vender drogas acá en el pueblo sin que se den cuenta, porque es muy notorio”, sostuvo.
Según describió, en una localidad relativamente pequeña los vecinos conocen rápidamente los movimientos inusuales: “Entrar y salir autos, motos; la gente generalmente en el barrio se conoce. En el almacén, en la carnicería, en la ferretería, todo el mundo lo comenta y todo se sabe”.
Para Pettorosso, esa situación convive con una creciente “sensación de impunidad” entre quienes se dedican a la actividad.
Más dealers y cantidades más pequeñas
El penalista sostuvo además que las organizaciones vinculadas con el narcomenudeo fueron modificando su forma de operar para reducir las consecuencias de los procedimientos policiales.
Explicó que actualmente se distribuyen cantidades menores entre un número mayor de vendedores. De esta manera, si uno de ellos es allanado y pierde la droga que tenía almacenada, la estructura puede continuar funcionando mediante otros puntos de venta.
“Ponen más huevos en distintas canastas. Hay más dealers, más distribuidores con menos cantidad”, explicó.
Según su descripción, cuando uno cae como consecuencia de un allanamiento, rápidamente puede aparecer otro distribuidor y reanudarse la comercialización.
Pettorosso reconoció, no obstante, el trabajo que vienen desarrollando la Fiscalía y la Policía. Sostuvo que el fiscal se encuentra comprometido con la investigación de lo que definió como distintas estructuras criminales y destacó el incremento de los procedimientos.
El inconveniente, explicó, es que “el delito es mutante, es muy dinámico” y las organizaciones también aprenden de los allanamientos y modifican sus mecanismos para evitar ser descubiertas.
De la droga al robo: el circuito que preocupa a las familias
Otro de los aspectos abordados durante la entrevista fue la relación entre las adicciones y otros delitos.
Pettorosso sostuvo que quienes comercializan drogas buscan especialmente a adolescentes vulnerables, incluso de 11, 12, 13 y 14 años, hasta jóvenes de 17, aprovechando situaciones familiares o sociales complejas.
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Según explicó, inicialmente pueden suministrarles sustancias sin exigirles dinero para generar dependencia. Cuando comienza la adicción y aparecen las deudas, los jóvenes necesitan conseguir recursos para continuar consumiendo.
El primer ámbito afectado, aseguró, suele ser la propia familia.
“Lo primero que hacen es robar en la casa, a la mamá, al papá, a la abuela”, expresó. Cuando la familia descubre lo que ocurre y pone límites, sostuvo que algunos jóvenes comienzan a cometer robos fuera del hogar.
De esa forma, herramientas y otros objetos sustraídos pueden terminar vendidos en un mercado ilegal o directamente intercambiados por drogas. Para Pettorosso, de esta manera “se retroalimenta todo el circuito”.
La otra deuda: un tratamiento para las adicciones
El penalista advirtió que la respuesta no puede limitarse a la persecución penal de los vendedores. A su entender, existe también una seria deficiencia en la asistencia sanitaria destinada a quienes ya desarrollaron una adicción.
Sostuvo que frente a una intoxicación grave se atiende la emergencia y se estabiliza al paciente, pero posteriormente resulta difícil acceder a tratamientos integrales y prolongados.
“No hay instituciones adecuadas para tratar debidamente, de forma concreta, profesional y clínica, la problemática”, cuestionó.
Pettorosso recordó que integrantes de “Mamás en Acción” mantuvieron una reunión con representantes del Ministerio Público Fiscal en los tribunales de Villa La Angostura y posteriormente enviaron una nota al Ministerio de Salud solicitando asistencia. Según afirmó, transcurridos alrededor de tres meses todavía no habían recibido respuesta.
“Porque no es solamente la cuestión judicial; atrás, el aparato de Salud tiene que estar acorde a la gravedad de la situación”, reclamó.
En ese contexto destacó el trabajo de Metamorfosis, una iniciativa local que, según explicó, acompaña a jóvenes atravesados por adicciones y situaciones de extrema vulnerabilidad. Pettorosso valoró especialmente el trabajo de Beatriz, referente del espacio, y aseguró que desarrolla una tarea “a pulmón”.
“Mamás en Acción”: más de 60 familiares decidieron denunciar
Pettorosso dedicó una parte importante de la entrevista a respaldar la organización de las familias.
“Mamás en Acción” comenzó con madres preocupadas por la situación de sus hijos y fue incorporando padres, abuelas, tías y otros familiares. Actualmente, según indicó el abogado, son más de 60 personas.
Uno de los objetivos es reunir información sobre los puntos de venta y trasladarla a las autoridades competentes.
Pettorosso destacó particularmente la utilización de las denuncias anónimas mediante código QR, porque la información aportada llega al Ministerio Público Fiscal para su análisis y posterior trabajo conjunto con la Policía.
“Primero teníamos nuestras dudas de si iba a ser efectivo, pero verdaderamente ha dado muy buenos resultados”, afirmó.
Para el penalista, el compromiso de los vecinos resulta fundamental porque buena parte de la información sobre el narcomenudeo ya circula dentro de los barrios.
“El peor miedo que puede haber es perder un hijo por la droga”, señaló, al destacar la decisión de las madres de denunciar pese al temor que puede generar enfrentarse con quienes comercializan estupefacientes.
Pettorosso también puso el foco en las escuelas
Durante la entrevista, el abogado aseguró que el problema no es nuevo y recordó que desde hace años viene denunciando situaciones relacionadas con drogas dentro de establecimientos educativos.
Incluso afirmó haber denunciado episodios de comercialización o consumo en escuelas secundarias y primarias y sostuvo que actualmente siguen apareciendo situaciones preocupantes.
Por ese motivo reclamó que directivos, docentes y demás integrantes de las comunidades educativas comuniquen a las autoridades los hechos que puedan constituir delitos o situaciones de riesgo.
Según Pettorosso, ocultar los episodios para evitar la activación de protocolos termina agravando el problema. “Se mete la mugre abajo de la alfombra y eso está mal, porque son chicos, adolescentes”, manifestó.
“No alcanza con derribar un búnker”
Pettorosso también cuestionó que la respuesta frente al narcotráfico quede reducida a operativos de alto impacto público.
“Derriban un búnker y abren dos o cuatro”, graficó. Para el abogado, aunque actualmente existen más procedimientos y allanamientos, también se incrementó la distribución de estupefacientes.
Por eso insistió en que la problemática requiere una respuesta simultánea en varios frentes: investigación criminal, controles efectivos sobre las prisiones domiciliarias, infraestructura penitenciaria, prevención, tratamiento de las adicciones, participación de las escuelas y acompañamiento a las familias.
“Si no se trata debidamente, descompone todo el tejido social”, advirtió.
En ese escenario, Pettorosso consideró que la aparición de “Mamás en Acción” constituye una señal importante porque fueron las propias familias las que decidieron dejar de convivir en silencio con una problemática que, según denuncian, viene creciendo desde hace años en Villa La Angostura.
Para el abogado, la información que aportan los vecinos puede convertirse en una herramienta decisiva para avanzar sobre las redes de comercialización: “Hay que comprometerse aportando la información. Todo el mundo sabe, porque es muy visible”.
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