El juez Ezequiel Nicolás Signorile encabezó este jueves una audiencia por la acción promovida por vecinos del barrio El Once. Los demandantes volvieron a solicitar una medida cautelar para suspender las ordenanzas que habilitaron el uso educativo, la desafectación y posterior transferencia a la Provincia de los dos predios destinados a la Escuela 361 y la EPET 28.
La demanda contencioso administrativa iniciada por vecinos del barrio El Once contra la Municipalidad de Villa La Angostura y concejales por la cesión a la Provincia de dos predios destinados a la construcción de la Escuela 361 y la EPET 28 continúa su trámite judicial.
Este jueves se desarrolló una audiencia ante el juez Ezequiel Nicolás Signorile, titular del Juzgado Procesal Administrativo de Zapala, quien escuchó los argumentos de los demandantes y la posición de la representación legal del Municipio.
Según informaron fuentes judiciales a LA ANGOSTURA DIGITAL, los abogados de los vecinos ratificaron los planteos formulados en la demanda presentada en noviembre del año pasado y volvieron a solicitar una medida cautelar de no innovar para suspender los efectos de las ordenanzas municipales involucradas en el proceso.
La acción judicial busca que se declare la nulidad de las normas sancionadas por el Concejo Deliberante que permitieron avanzar con el cambio de afectación y la posterior transferencia del dominio de los inmuebles a la Provincia del Neuquén.
Los terrenos están ubicados en el barrio El Once, en el sector donde funciona el CEF N.º 7 y existen espacios destinados a actividades deportivas. Allí, la Provincia proyecta levantar los nuevos edificios educativos de la Escuela 361 y la EPET 28.
Las ordenanzas cuestionadas
Uno de los antecedentes centrales del conflicto es la Ordenanza 4275, sancionada en julio de 2025, que amplió los usos permitidos para los dos polígonos al incorporar el uso educativo.
La misma norma estableció que el Ejecutivo municipal debía reubicar el Área Recreativa Deportiva y contemplar un campo de juego con medidas reglamentarias para torneos oficiales de rugby y fútbol, además de una pista de atletismo, sin perjuicio de sumar instalaciones destinadas a otras disciplinas.
También dispuso otorgar prioridad a esa decisión urbanística dentro de las definiciones del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y de su correspondiente marco normativo.
Posteriormente, a finales de octubre de 2025, el Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza 4289, mediante la cual se modificó la afectación de los inmuebles en litigio, que fueron desafectados del dominio público municipal e incorporados al dominio privado de la Municipalidad de Villa La Angostura.
Ese cambio constituyó otro de los pasos necesarios para avanzar posteriormente con la transferencia de las tierras.
Un pedido cautelar ya había sido rechazado
A finales del año pasado, la jueza subrogante María Gómez, que se encontraba a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo de Zapala, rechazó un pedido de medida cautelar presentado para suspender los efectos de las ordenanzas 4275/25 y 4289/25, junto con sus respectivos decretos promulgatorios.
Sin embargo, el proceso continuó y en marzo de este año se produjo un nuevo avance administrativo.
El Concejo Deliberante sancionó entonces, con mayoría de dos tercios, la Ordenanza 4325/26, que autorizó al Ejecutivo municipal a transferir a favor de la Provincia del Neuquén y del Consejo Provincial de Educación (CPE) el dominio de los dos inmuebles que hasta ese momento pertenecían a la Municipalidad.
La finalidad de la transferencia es posibilitar la construcción de los edificios de la Escuela 361 y la EPET 28.
Los vecinos sostienen que sigue siendo un espacio verde
Durante la audiencia de este jueves, los demandantes insistieron en que, pese a las ordenanzas sancionadas, los terrenos continúan teniendo jurídicamente la condición de espacio verde.
Según indicaron fuentes vinculadas con el expediente, los abogados afirmaron que esa situación estaría respaldada por documentación de Catastro y del Registro de la Propiedad Inmueble.
A partir de ese argumento, solicitaron al juez Signorile que dicte una nueva medida cautelar de no innovar y suspenda los efectos de las ordenanzas mientras se resuelve la cuestión de fondo.
Los demandantes sostuvieron que una ordenanza no podría dejar sin efecto las disposiciones de la Carta Orgánica Municipal que protegen los espacios verdes.
“El inmueble continúa siendo jurídicamente un espacio verde”, fue uno de los argumentos planteados durante la audiencia, según las fuentes consultadas.
Entre los demandantes se encuentra el exconcejal y exconvencional constituyente del MPN Guillermo Hensel, quien explicó que solicitaron al magistrado que dicte la medida cautelar, corra traslado al resto de los demandados y habilite la presentación de pruebas.
El Municipio ratificó su posición
La Municipalidad de Villa La Angostura estuvo representada durante la audiencia por el abogado Edgar Bertero.
De acuerdo con las fuentes, el letrado ratificó ante el juez la posición que el Ejecutivo municipal ya había presentado por escrito al momento de responder la demanda.
De esta manera, las partes mantienen posiciones contrapuestas respecto de la situación jurídica de los inmuebles y de la validez del procedimiento seguido para modificar su afectación y transferirlos a la Provincia.
La discusión judicial no se centra en esta instancia en la conveniencia de construir los establecimientos educativos, sino en la legalidad del procedimiento utilizado para disponer de los terrenos donde se proyectan las obras.
Tras escuchar a las partes, el juez Signorile deberá resolver en los próximos días los planteos formulados por los demandantes, entre ellos el nuevo pedido de medida cautelar para suspender los efectos de las ordenanzas cuestionadas.
