Así lo resolvió este viernes el juez Maximiliano Bagnat. Además, le atribuyeron desobediencia a una orden judicial. El conflicto se originó por no acatar la resolución de un juez de Zapala, que había ordenado suspender el proceso de juicio político contra el entonces secretario de Economía, Daniel Brito, y la sesión del 16 de enero del 2021 donde se lo destituyó del cargo.
El juez Maximiliano Bagnat resolvió admitir la acusación fiscal por incumplimiento de los deberes de funcionario público y por desobediencia a una orden judicial contra el presidente del Concejo Deliberante de Villa La Angostura en uso de licencia, el emepenista David Tressens Ripoll, y envió la causa a juicio oral y público.
La audiencia de control de acusación, que es la etapa que toda causa debe superar para ir a juicio, se hizo esta mañana de viernes. El asistente letrado Ramiro Amaya formuló la acusación contra el presidente del Concejo a partir de las pruebas recolectadas en la investigación preparatoria que comenzó en febrero del año pasado.
En cambio, el defensor particular Sebastián Leguizamón Charif había pedido el sobreseimiento de Tressens Ripoll porque entendía que no había evidencias que probaran los delitos atribuidos por la fiscalía al expresidente del Concejo.
Tressens Ripoll también se dirigió al juez y alegó que nunca fue notificado fehacientemente por el juez del juzgado contencioso administrativo de Zapala que no debía hacer la sesión de mediados de enero del 2021, informaron fuentes que observaron la audiencia.
Comentaron que entre el público estuvo el exintendente Ricardo Alonso, el exsecretario de Planeamiento e Infraestructura, Fabián Arévalo, el exauditor municipal Gerardo Minnaard, entre otros.
El magistrado tras escuchar a Amaya, que estuvo acompañado del fiscal Adrián De Lillo, y al defensor particular y al imputado pasó a deliberar.
Tras el cuarto intermedio, notificó que admitía la acusación fiscal contra Tressens Ripoll que será juzgado porque cometió presuntamente los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y por desobediencia a una orden judicial.
Tras la audiencia, Leguizamón Charif explicó que el juez había “rechazado el pedido de sobreseimiento en esta instancia sosteniendo que es conveniente una mayor evaluación probatoria para evaluar una absolución o una condena, y que ello debe ocurrir en otra instancia procesal no en esta, donde solo se analiza el mérito técnico de la acusación”.
El 10 de junio pasado, el fiscal jefe de la IV Circunscripción Judicial Fernando Rubio requirió la apertura a juicio de la causa penal que tiene imputado a Tressens Ripoll.
Rubio solicitó elevar la causa a juicio porque concluyó que la investigación, que la fiscalía de Villa La Angostura llevó adelante durante 16 meses, arrojó fundamentos suficientes para someter a juicio al concejal emepenista por los dos delitos que se le atribuyen.
Antecedentes
El 12 de febrero del año pasado, el juez de garantías Nazareno Eulogio admitió los cargos que Rubio y el asistente letrado de la fiscalía de Villa La Angostura Ramiro Amaya formularon contra Tressens Ripoll y 6 concejales como coautores del delito de desobediencia a un funcionario judicial en el ejercicio de sus funciones. Al presidente del Concejo lo acusaron además en esa audiencia por incumplimiento en los deberes de funcionario público.
A principios de julio del 2021, Rubio pidió el sobreseimiento de la concejala del Pro, Marta Noemí Cicconi, de sus pares del Frente de Todos, María Eugenia Mesa y Sergio Javier Troche (que renunció al cargo), de los concejales del MPN, Walter Luis Espíndola y Ruth Melisa Salamanca y de la concejala del bloque Primero Angostura, Agustina Vaca Arenaza. Sin embargo, mantuvo la imputación contra el presidente del Concejo Deliberante.
La causa se originó a partir de la sesión que los concejales hicieron el 15 de enero del año pasado para dictar el veredicto del juicio político que llevaron adelante contra el entonces secretario de Economía municipal, Daniel Brito, que fue destituido del cargo por mal desempeño.
La fiscalía acusa a Tressens Ripoll de haber desobedecido la orden que el juez contencioso administrativo de Zapala, Matías Nicolini dictó un día antes para suspender la sesión especial de ese 15 de enero y el procedimiento del juicio político contra Brito. Sostiene que el entonces presidente del Concejo estaba en conocimiento de esa orden judicial, según declararon testigos en la causa, pero no la acató.
Lo acusó además a Tressens Ripoll por “haber cerrado las puertas del edificio para evitar que se supiera lo que estaban haciendo y abrirlas tarde”, cuando ya estaba iniciada la sesión. Para lograr eso, convocó a los concejales a primera hora de la mañana para empezar la sesión antes de las 8 y a puertas cerradas.
