Por unanimidad, los concejales suspendieron por 6 meses a Tressens Ripoll

La suspensión se votó este miércoles. Es lo que ordena la Carta Orgánica Municipal cuando un funcionario público, imputado en una causa penal, será sometido a juicio.

 

Los concejales aprobaron por unanimidad en la sesión de este miércoles la suspensión durante 6 meses del presidente del Concejo Deliberante, el emepenista David Tressens Ripoll, que será juzgado porque está imputado en una causa penal por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y desobediencia a una orden judicial.

Mientras dure la suspensión, Tressens Ripoll no percibirá la remuneración de concejal.

Los seis concejales que asistieron a la sesión votaron por la suspensión tal como lo ordena el artículo 255 de la Carta Orgánica Municipal (COM). “Cuando la autoridad judicial competente haya dispuesto la prisión preventiva o haya formulado requisitoria de citación a juicio al intendente, concejales o miembros de los órganos de control, por la comisión de un delito doloso, o culposo de incidencia funcional, el Concejo Deliberante debe suspender al funcionario incurso en esa situación”, indica ese artículo de la COM.

“Producida la sentencia firme condenatoria, corresponde la destitución. El sobreseimiento o absolución de los imputados restituye a éstos la totalidad de sus facultades”, prevé el texto.

La normativa indica que el Concejo Deliberante “debe adoptar estas decisiones en la sesión siguiente al conocimiento de las respectivas resoluciones judiciales”.

Por la suspensión votaron a favor los concejales del MPN, Walter Espíndola, que ejerce la Presidencia del Concejo, Melisa Salamanca y Emiliano Santos, los concejales del Frente de Todos, María Eugenia Mesa y Catriel Barberis y la concejal de Primero Angostura, Agustina Vaca Arenaza. Solo estuvo ausente la concejal del Pro, Marta Cicconi.

Tressens Ripoll estaba con licencia desde junio pasado, pero su situación quedó sin retorno en el Concejo Deliberante tras la audiencia judicial del 30 de septiembre pasado, el juez Maximiliano Bagnat admitió la acusación de la fiscalía contra Tressens Ripoll por incumplimiento de los deberes de funcionario público y por desobediencia a una orden judicial y dispuso la apertura de la causa a juicio oral y público.

El asistente letrado Ramiro Amaya formuló la acusación contra el expresidente del Concejo, a partir de las pruebas recolectadas en la investigación preparatoria que comenzó en febrero del año pasado.

El defensor particular Sebastián Leguizamón Charif había pedido el sobreseimiento del imputado, pero el juez entendió que esa situación se tiene que debatir en el juicio.

Antecedentes

El 12 de febrero del año pasado, el juez de garantías Nazareno Eulogio admitió los cargos que Rubio y el asistente letrado de la fiscalía de Villa La Angostura formularon contra Tressens Ripoll y 6 concejales como coautores del delito de desobediencia a un funcionario judicial en el ejercicio de sus funciones. Al presidente del Concejo lo acusaron además en esa audiencia por incumplimiento en los deberes de funcionario público.

A principios de julio del 2021, Rubio pidió el sobreseimiento de la concejala Cicconi, de sus pares del Frente de Todos, Mesa y Sergio Javier Troche (que renunció al cargo), de los concejales del MPN, Espíndola y Salamanca y de Vaca Arenaza. Sin embargo, mantuvo la imputación contra el presidente del Concejo Deliberante.

La causa penal se originó por la sesión especial que los concejales hicieron el 15 de enero del año pasado para dictar el veredicto del juicio político que llevaron adelante contra el entonces secretario de Economía municipal, Daniel Brito, que fue destituido ese día del cargo por mal desempeño.

La fiscalía acusa a Tressens Ripoll de haber desobedecido la orden que el juez en lo contencioso administrativo de Zapala, Matías Nicolini dictó para suspender esa sesión especial y el procedimiento del juicio político contra Brito.

La notificación la envió un día antes. La fiscalía sostiene que el entonces presidente del Concejo estaba en conocimiento de esa orden judicial, según declararon testigos en la causa, pero no la acató.

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